JORGE LUIS OJEDA JARA Rut : 5.783.420 F.Nacim. : 25-02-53, 20 años a la fecha de su detención Domicilio : Armada Nacional 5972, Lo Valledor Sur, San Miguel, Santiago E.Civil : Soltero Actividad : Estudiante de la carrera Técnico Electricista en la Universidad Técnica del Estado (Universidad de Santiago) C.Repres. : Militante del Partido Socialista; chofer y secretario del entonces diputado socialista por Melipilla, Matías Núñez Malhue; estudiante en un convenio para trabajadores en la Universidad Técnica del Estado UTE F.Detenc. : 16 de septiembre de 1973 SITUACION REPRESIVA Jorge Luis Ojeda Jara, soltero, 20 años a la fecha de la detención, estudiante universitario en convenio de trabajadores en la Universidad Técnica del Estado, militante socialista, fue detenido el 16 de septiembre de 1973, aproximadamente al mediodía, en el sector de Huenchún, al interior de la ciudad de Melipilla, por Carabineros de esa ciudad, encabezados por el Capitán Sergio Hernán Brieba Hinrichsen y con la participación del médico Bernardo Purto Yarcho, el que vestía el uniforme institucional. La patrulla estaba integrada, entre otros, por el Suboficial Mayor Carlos Solís Silva por los Sargentos Silvio Concha González y Emilio Marín Huilcaqueo. Fue conducido a la 4a. Comisaría de Carabineros de Melipilla, en donde se le aplicaron brutales torturas que le provocaron una fractura a la columna. Desde allí fue trasladado a la Cárcel de San Antonio (según testigos para mantenerse en pie debía afirmarse en los muros del penal), recinto en el que permaneció hasta el 22 de septiembre de 1973. En esta última fecha, fue llevado al Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, cuyo Comandante era el entonces Coronel Manuel Contreras Sepúlveda, donde fue torturado y golpeado. En la madrugada del 5 de octubre de 1973 -y junto a otros cinco detenidos- efectivos militares lo sacaron del Regimiento. Al día siguiente su cuerpo fue encontrado en el río Rapel. Se procedió a su sepultación por orden judicial en el Cementerio Parroquial de San Antonio, el día 17 de octubre de 1973 en calidad de "NN". Su identificación se produjo el 23 de octubre de dicho año, cuando el Gabinete de Identificación informó luego de peritaje dactiloscópico, que inequívocamente el cadáver correspondía a Jorge Luis Ojeda Jara. Su familia se enteró de este hecho 17 años después, en el año 1990, cuando ya las distintas autoridades de la época habían informado que el afectado, había quedado en libertad con fecha 5 de octubre de 1973, precisamente el día que fue ejecutado. Junto a Jorge Luis Ojeda Jara, fueron detenidos -además de otras personas- Jorge Antonio Cornejo Carvajal y Patricio Rojas González, los que fueron condenados por un Consejo de Guerra, a pena de muerte, sentencia que se cumplió el 18 de noviembre de 1973. A las víctimas se les acusó de "querer" asaltar la Comisaría de Carabineros de Melipilla -hecho que nunca sucedió- junto al diputado Matías Núñez, Andrés Ojeda (nombre político de Jorge Ojeda Jara) y otros. El proceso llevó el número 18/73 de la Fiscalía Militar de Melipilla. No obstante habérsele imputado los mismos cargos que a Jorge Antonio Cornejo y a Patricio Rojas, Jorge Luis Ojeda Jara no fue procesado en esta causa, ni en ninguna otra. Como se ha señalado, en la madrugada del 5 de octubre de 1973, la víctima fue sacada de Tejas Verdes por militares, junto a Víctor Fernando Mesina Araya, Luis Fernando Norambuena Fernandois, Ceferino Santis Quijada, Gustavo Farías Vargas y Florindo Alex Vidal Hinojosa. Su cadáver y el de Víctor Mesina Araya fueron encontrados, al día siguiente, en el río Rapel. Los restos de Florindo Alex Vidal se hallaron también en el río Rapel, el 17 de octubre de 1973, siendo reconocidos y entregados a su familia. En cuanto a Luis Norambuena y a Ceferino Santis, nada se volvió a saber de ellos, habiéndose comentado entre los detenidos de la época que habían sido lanzados al mar, frente a la costa de San Antonio, heridos y atados. Gustavo Farías también permanece en calidad de detenido desaparecido. A 1992, los restos de Ojeda Jara no habían sido aún exhumados en el Cementerio Parroquial de San Antonio; no se logró ubicar el lugar del entierro. Durante largos 17 años, su madre, Arcelia Jara Alarcón, realizó un sinnúmero de gestiones -tanto judiciales como administrativas- para dar con el paradero de la víctima, sin obtener nunca una respuesta relativa al destino que ya había corrido su hijo. Más aún, oficialmente se informó que se encontraba en libertad. El 19 de septiembre de 1973, la familia del afectado -el que se encontraba en Melipilla desde el mes de agosto de ese año a raíz de su trabajo con el diputado socialista Matías Núñez- supo de su detención por un comunicado transmitido por la radio de Melipilla y en el que se decía que los padres de Jorge Luis Ojeda Jara debían presentarse en la Comisaría de Carabineros de dicha ciudad. El 21 de septiembre de ese año, Arcelia Jara se presentó en el recinto policial, en donde la informaron que el afectado había sido trasladado a la Cárcel de San Antonio. Se dirigió entonces a dicho establecimiento carcelario y, desde allí, la remitieron al Regimiento de Tejas Verdes. Aquí, al insistir ella en la reclusión de Jorge Luis en el Regimiento, el Teniente Juan Capona revisó unos libros y le señaló que efectivamente el nombre del afectado se encontraba en una lista de detenidos que permanecían en Tejas Verdes. Desde ese día y hasta el 4 de octubre de 1973, Arcelia Jara concurrió diariamente a ese recinto de detención a dejar alimentos y ropa para su hijo, artículos que le fueron recibidos. Pero, el 5 de octubre de 1973, se negaron a recepcionarle los paquetes porque, según le informaron, Jorge Luis Ojeda había sido trasladado al Hospital de San Antonio, en donde ella pudo comprobar la falsedad de dicha información. Ante sus requerimientos, el 8 de octubre de ese año, fue recibida por el Fiscal de Tejas Verdes, Mayor David Miranda, el que le dijo que Jorge Luis había quedado libre el 5 de octubre de 1973. Sobre el escritorio del Fiscal, ella vio que estaban el carnet de identidad y los documentos de manejar del afectado. Al respecto, no obtuvo respuesta alguna. Por su parte, y al conversar nuevamente con el Teniente Capona, éste le contó que una noche habían sido sacados del Regimiento varios detenidos, entre ellos su hijo, pero que ignoraba dónde habían sido llevados. Continuando con sus indagaciones, Arcelia Jara se entrevistó con el Capitán de Carabineros, Sergio Brieba, el que le expuso haber conocido el proceso del afectado en Tejas Verdes y que se le había trasladado a Antofagasta. La madre inició entonces sus viajes al norte, todos, evidentemente, infructuosos. El 19 de diciembre de 1973, acudió a la Cárcel de San Antonio y allí le dijeron que a Jorge Luis Jara recién lo habían llevado a otro recinto, pero que no sabían dónde. Le hicieron entrega del reloj, la ropa y documentos personales de la víctima. En el pantalón de él, Arcelia Jara advirtió que había un orificio como de bala a la altura de la cadera. También tenía manchas de sangre. Meses después, en julio de 1974, Arcelia Jara conversó con un médico de la Cruz Roja Internacional, Tomás Kaiser, el que le indicó que había visto, tiempo antes, a Ojeda Jara en Tejas Verdes, tirado en el interior de un camión frigorífico, pudiendo constatar que presentaba varias fracturas, la clavícula hundida y el pecho quemado. Mientras Arcelia Jara buscaba infructuosamente a su hijo, Jorge Luis era visto por numerosos testigos en sus lugares de reclusión. Mario Jacinto Márquez -ex Alcaide de la Cárcel de San Antonio y que declarara ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación ante el 1er Juzgado del Crimen de San Antonio, en 1990 y 1991 respectivamente- testificó sobre la permanencia de la víctima en la Cárcel de dicho puerto. El testigo recuerda que cuando éste llegó al Penal, ya tenía grandes dificultades para desplazarse y debía caminar afirmándose en los muros. Fue sacado en varias oportunidades para ser interrogado en Tejas Verdes, hasta que un día no regresó. En noviembre de 1974, Mario Jacinto Márquez, quien aún se desempeñaba como Alcaide del presidio de San Antonio, informó por oficio al Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel- aquí se investigaba una denuncia por presunta desgracia del afectado- que Jorge Luis Ojeda Jara había ingresado a la Cárcel de San Antonio con fecha 16 de septiembre de 1973 por orden del Fiscal Militar de Tejas Verdes. El 22 de septiembre del mismo año -según este Oficio- fue retirado del establecimiento "por traslado al Campo de Prisioneros N°1" (Tejas Verdes). También supieron de la detención de la víctima y de su permanencia en la 4ta Comisaría de Carabineros de Melipilla, en la Cárcel de San Antonio y en Tejas Verdes, Pedro Humberto Huerta, Etelvina Margarita González Quintanilla y Pedro Pascual Gajardo, así como Octavio Alvarez Díaz, el que fue interrogado con aplicación de tortura en Tejas Verdes en relación al afectado. Por su parte, Ana Graciela Becerra Arce, de 17 años de edad, quien fuera detenida el 19 de septiembre de 1973 y recluida en Tejas Verdes, vio a Jorge Luis, al que conocía como chofer del diputado Matías Núñez. El afectado se encontraba en una cabaña, al lado del galpón donde había un fogón que le servía a los detenidos para calentar agua. Desde un principio, ella lo vio en malas condiciones físicas, debido a las torturas recibidas. En un primer momento, la víctima aún podía caminar, pero como continuaran los interrogatorios, Jorge Luis Ojeda no tardó en quedar postrado en la cabaña, sin poder moverse ni desplazarse. Permanecía botado en el suelo, envuelto en una frazada y la testigo solía darle agua o un calmante que los detenidos conseguían en la enfermería. Algunos de los presos lo sacaban, envuelto en la frazada, hasta la puerta de la cabaña para que tomara un poco de sol. A Ana Becerra le pareció que Jorge Luis estaba fracturado porque no podía mover nada, además entre el resto de los detenidos se comentaba que le habían quebrado la columna en torturas. Con el transcurso de los días, la víctima empezó a presentar síntomas de hemorragia interna, puesto que vomitaba y orinaba sangre. Un día los militares lo sacaron del Regimiento en una camioneta frigorífica tipo 3/4. No volvió a saber de él. El ex prisionero Amador Arturo Aguila Maturana declara que fue detenido el 27 de septiembre de 1973 por efectivos de Investigaciones y del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), encabezados por el Prefecto Valdés y por el Capitán de Ejército Mario Jara. También en esta oportunidad y por la misma patrulla fue detenido Víctor Fernando Mesina Araya. El testigo y Víctor Mesina fueron conducidos al Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, donde fue sometido a diversos interrogatorios y torturas. En los primeros días de octubre, una noche, cuando Amador Arturo Aguila regresaba de una sesión de interrogatorio, los militares los condujeron a una suerte de comedor, en donde vio a un grupo de detenidos que estaba separado del resto. Los uniformados -entre ellos un soldado de apellido Ahumada- prohibieron hablar con ellos, porque, según dijeron, serían dejados en libertad. El grupo de prisioneros estaba compuesto por Luis Fernando Norambuena Fernandois, Ceferino Santis Quijada, Gustavo Farías Vargas, Florindo Alex Vidal Hinojosa, Víctor Fernando Mesina Araya y por Jorge Luis Ojeda Jara, quien estaba tirado en el piso, porque no podía caminar. Días antes, el testigo había logrado conversar con el afectado quien le contó que los Carabineros de Melipilla le habían quebrado las piernas y que los Militares le habían fracturado unas costillas, a pesar de lo cual el Teniente Carevic y el Teniente Aníbal Schaffausen lo atormentaban obligándolo a mantenerse en pie y ordenando a dos conscriptos que lo pararan. La última visión que Amador Arturo Aguila tuvo de Jorge Luis Ojeda, fue esa noche en el galpón que servía de comedor. Al día siguiente ninguno de esos detenidos se encontraba ya en el Regimiento, aunque al resto de los presos les llamó la atención que la ropa de Gustavo Farías aún permanecía allí. Luis Alberto Sepúlveda Carvajal, quien en 1973 era funcionario del Instituto Médico Legal de San Antonio, desempeñándose como Auxiliar del Médico Legista doctor Julio Berdichesky, declaró ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y ante el 1er Juzgado del Crimen de San Antonio, en 1990 y 1991. Expuso que el 23 de septiembre de 1973 lo requirieron desde la Morgue, ubicada en el Hospital local. Al presentarse en su lugar de trabajo, vio seis cuerpos en el suelo, uno encima del otro, entre los que estaban los restos de cuatro dirigentes marítimos del Sindicato de Estibadores de San Antonio (Héctor Rojo Alfaro, Samuel Núñez González, Armando Jiménez Machuca y Guillermo Alvarez Cañas) de Raúl Enrique Bacciarini Zorrilla y de Fidel Alonso Bravo Alvarez (todos ellos habían sido vistos en malas condiciones físicas, recluidos, entre otros recintos, en el Regimiento de Tejas Verdes). Los cadáveres, según lo constató el testigo, estaban casi destrozados por heridas de arma blanca y los impactos de bala que presentaban, por su trayectoria, inequívocamente habían sido hechos post-mortem y con los cuerpos en el suelo. Dada la situación, el doctor Berdichesky se comunicó telefónicamente con el Regimiento Escuela de Ingenieros Militares, en donde se le señaló que sólo les interesaba legalizar las defunciones, que no practicara autopsia, que la data de muerte era el 22 de septiembre de 1973, a dos kilómetros al sur del Retén Atalaya, y que los cuerpos debían salir directamente al Cementerio, con un intervalo de una hora cada uno y con un acompañamiento no superior a tres personas por cadáver. Oficialmente se informó que los detenidos habían tratado de fugarse cuando eran trasladados a Bucalemu. Al día siguiente, el doctor Berdichesky le contó al testigo que había sido llevado al Regimiento, siendo obligado a cambiar el informe médico, borrando la parte alusiva a las heridas a arma blanca y debiendo poner en su lugar "heridas por balas de guerra". El 27 de septiembre de 1973, Luis Alberto Sepúlveda fue detenido por militares y conducido a Tejas Verdes en una camioneta de la Pesquera Arauco. Fue introducido en una oficina en la que se encontraba el Juez del Crimen de San Antonio, Patricio Bravo larraín, el Comandante del Regimiento, Manuel Contreras Sepúlveda, y un civil que le dijo a este último que lo hacía responsable de la suerte del declarante. El testigo fue sometido a violentas torturas. Mientras permaneció en Tejas Verdes, el declarante, por ser funcionario del Hospital, estuvo a cargo de los heridos. A raíz de esta situación, atendió a Jorge Luis Ojeda Jara, constatando que tenía la columna quebrada. El afectado le contó que había sido flagelado por el doctor Bernardo Purto en la Comisaría de Melipilla. Jorge Luis se encontraba sin movimiento, dentro de un saco de dormir, en el suelo de una mediagua y con muy mal olor. En el Regimiento -recuerda el declarante- había un sujeto que era temido por todos y a quien llamaban "Cabo". Fue este individuo el que golpeó permanentemente a la víctima, aunque otro militar, el Cabo Palma, le decía que no lo hiciera puesto que Jorge Luis Ojeda se encontraba muy enfermo. Durante los primeros días de octubre, el Suboficial Carriel le pidió a Luis Alberto Sepúlveda que bañara y cambiara de ropa al afectado, cosa que el testigo realizó. Cuando lo tuvo listo, lo fue a buscar un militar vestido de civil a quien los conscriptos trataban de "mi Cabo". Este le exigió a Ojeda Jara que se pusiera de pie y como él no pudiera hacerlo, lo insultó con duros garabatos y pidió al declarante que lo ayudara. El testigo lo llevó hasta la puerta de la mediagua, en donde estaba estacionado un camión o camioneta. A Luis Alberto Sepúlveda lo obligaron a entrarse a la cabaña sin mirar hacia atrás. Entonces el testigo sintió un fuerte y profundo quejido, quedándole la impresión de que habían atropellado al afectado. También en los primeros días de octubre de 1973, en la noche, Luis Alberto Sepúlveda Carvajal fue subido a una camioneta junto a Luis Fernando Norambuena Fernandois, a Ceferino Santis Quijada, a Florindo Alex Vidal Hinojosa y a Gustavo Farías Vargas. El vehículo pertenecía a la Pesquera Arauco y en él también iban otras personas cuyos nombres el declarante no recuerda. Durante unos breves momentos, el testigo alcanzó a conversar con Norambuena, quien le dijo que los llevaban para matarlos. Cuando la camioneta se ponía en marcha los militares bajaron a Sepúlveda y le dijeron "por el bien tuyo y por el nuestro, tú no has visto nunca esta camioneta". Arturo Florencio Farías Vargas -hermano del detenido-desaparecido Gustavo Farías Vargas- fue detenido el 15 de septiembre de 1973, cuando se presentó en la Fiscalía Militar. Después de ser interrogado y torturado, y de permanecer incomunicado en la Cárcel de San Antonio, en los primeros días de octubre de 1973, fue conducido a Tejas Verdes para ser nuevamente interrogado. Era de madrugada cuando lo sacaron al patio del Regimiento (dos detenidos debían sostenerlo puesto que, producto de las torturas, no podía mantenerse en pie). Allí había dos grupos de detenidos, siendo llevado el testigo hacia uno de éstos, el que estaba integrado -según alcanzó a ver- por cinco personas. Fue entonces cuando un Sargento le dijo a los militares que lo llevaban "él no va con el Comandante", de modo que lo dejaron en el segundo grupo de presos. Entre los detenidos del primer grupo, vio a su hermano Gustavo Farías, el que se notaba agotado, al igual que el resto. También estaban Luis Fernando Norambuena Fernandois, Ceferino Santis Quijada, Florindo Alex Vidal, y, tirado en el suelo, Jorge Luis Ojeda Jara, a quien el testigo conocía y sabía que durante la reclusión le habían quebrado las piernas. Arturo Farías no volvió a ver a ninguno de los integrantes de ese grupo de detenidos. El día 6 de octubre de 1973, a las 09:30 horas, fueron encontrados, en la ribera izquierda del río Rapel, los cadáveres de dos desconocidos, los que fueron enviados a la Morgue de San Antonio. Durante el proceso que se instruyó, con posterioridad a la inhumación de estos cuerpos, se estableció que se trataba de los restos de Jorge Luis Ojeda Jara y de Víctor Fernando Mesina Araya. Las respectivas familias sólo se enteraron de ello en el año 1990, no obstante haber emprendido una intensa búsqueda, que duraría años, para dar con el paradero de ambas víctimas. GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS El 8 de octubre de 1973, en el 1er Juzgado del Crimen de San Antonio, se instruyó la causa rol N°29.799, por "Muertes de NN", la que se inició por el parte de Carabineros en el que se daba cuenta del hallazgo de dos cuerpos en la ribera izquierda del río Rapel, el 6 de octubre de 1973. Según los testimonios prestados por los Cabos de Carabineros Domingo Fernández y Alberto Reyes, a los cadáveres no le encontraron documentación alguna que permitiera su inmediata identificación y ambos presentaba hundimiento en la frente, "al parecer dado con un objeto romo y duro". Los informes de autopsias, anexados a este proceso y firmados por el doctor Julio Berdichesky, dan para Ojeda Jara y para Mesina Araya como causa de muerte "asfixia por inmersión", con lesiones de "tipo accidental sin intervención de terceros". Después de procederse a la inhumación de los cuerpos por orden judicial, el 17 de octubre de 1973, en el Cementerio Parroquial de San Antonio, bajo los registros de defunciones N°377 y 378, el Gabinete de Identificación de San Antonio ofició al Tribunal, el 23 de octubre de ese año. En dicho Oficio se señalaba que, investigadas las fichas en el Archivo Dactiloscópico, se había determinado que los cuerpos correspondían a Jorge Luis Ojeda Jara -se entregaba su número de cédula de identidad, fecha de nacimiento, nombre de sus padres y domicilio correcto en Santiago- y a Víctor Fernando Mesina Araya, con los mismos antecedentes del afectado. El Tribunal procedió a citar a los padres de ambas víctimas, a través de un exhorto enviado a la Prefectura de Investigaciones de Santiago. Esta gestión no fue diligenciada y los padres de Ojeda y Mesina no se enteraron de la situación. Después de rectificarse los certificados y actas de defunción que se encontraban bajo el epígrafe de "Desconocido", el 15 de marzo de 1974 se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa porque "del mérito de los antecedentes no resulta debidamente justificada que la muerte de Víctor Fernando Mesina Araya y de Jorge Luis Ojeda Jara, se haya debido a la perpetración de un delito". La resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 26 de junio de 1974. El 12 de julio de 1974, en esta misma Corte de Apelaciones, la familia del afectado interpuso un recurso de amparo, el que fue rolado con el N° 732-74. Sin resultados positivos y sin mayores investigaciones, el amparo fue rechazado el 27 de julio del mismo año y enviado al Juzgado de Melipilla para que se instruyera proceso. El 9 de octubre de 1974, ante el 3er Juzgado del Crimen de San Miguel, Santiago, se interpuso una denuncia por presunta desgracia del afectado, la que fue rolada con el N°22.778-3. En la presentación, Arcelia Jara señalaba al Tribunal que su hijo había sido detenido en septiembre de 1973 en Melipilla y que en la Comisaría de esa ciudad le habían informado -el 21 de septiembre de ese año- que había sido trasladado a la Cárcel de San Antonio. En este recinto penal -decía ella- le dijeron que el afectado se encontraba en Tejas Verdes. En el Regimiento Escuela de Ingenieros Militares, el Teniente Capona le informó que efectivamente la víctima figuraba en una lista de detenidos. Enseguida describía las numerosas gestiones realizadas y lo infructuosas que habían sido éstas. Durante la tramitación del proceso, se pudo determinar, el 11 de noviembre de 1974, y a través de un Oficio remitido al Tribunal por Mario Jacinto Márquez, a la sazón Alcaide de la Cárcel de San Antonio, que Jorge Luis Ojeda Jara había ingresado a dicho establecimiento carcelario el 16 de septiembre de 1973 por orden del Fiscal Militar de Tejas Verdes y "para responder del delito de Terrorista". El afectado fue sacado con fecha 22 de septiembre del mismo año para ser conducido al Campo de Prisioneros N°1 (Regimiento de Tejas Verdes). El Alcaide agregaba que dichos antecedentes fueron enviados a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) con fecha 26 de septiembre de 1973. Ese mismo 11 de noviembre, el Teniente Coronel Luis Rodríguez Díaz, Fiscal Militar de Tejas Verdes, informó que el afectado no había sido detenido ni se encontraba a disposición de esa Fiscalía Ad- hoc. Por su parte, el Coronel Jorge Espinoza Ulloa, Secretario Ejecutivo Nacional del SENDET, ofició al Tribunal diciendo que "este Organismo no registra antecedentes sobre el ciudadano Ojeda Jara, Jorge Luis", también el 11 de noviembre de 1974. Ante una orden judicial, el Servicio de Investigaciones señaló haber realizado consultas en el SENDET, en donde se constató que el afectado no figuraba en las listas de detenidos. El detective investigador no se trasladó a San Antonio para hacer las averiguaciones correspondientes, (28 de noviembre de 1974). A su vez, el doctor Vittorio Orvieto, entonces Jefe del Area Hospitalaria de San Antonio, comunicó que en el Hospital de dicha ciudad no estaba registrado el nombre de la víctima, (20 de noviembre de 1974). Desde la Comisaría de Melipilla se ofició diciendo que, revisado el Libro de la Guardia, Jorge Luis Ojeda Jara no había sido detenido en esa Unidad. El oficio estaba firmado por Angel Orellana Morales, Capitán de Carabineros, Subcomisario, y tenía fecha 30 de noviembre de 1974. Arcelia Jara, por su parte, insistía ante el Tribunal que su hijo estaba detenido y que había permanecido en el Regimiento de Tejas Verdes, en donde el Fiscal Miranda le dijo que había sido puesto en libertad, "pero hasta ahora -decía ella en diciembre de 1974- no he tenido noticias de él, ni he recibido carta alguna". Casi dos años después, y mientras Arcelia Jara había realizado múltiples gestiones, sólo el 24 de septiembre de 1976, se reconoció la detención de la víctima. El Teniente Coronel Sergio Guarategua Peña, en esa fecha Secretario Ejecutivo Nacional del SENDET, ofició diciendo que Jorge Luis Ojeda Jara había quedado en libertad el 5 de octubre de 1973. Sin que se indagara mayormente en esta evidente contradicción con informaciones anteriores, con fecha 2 de octubre de 1976 se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa, "por no encontrarse acreditada la perpetración de un delito". El 23 de octubre de 1981 -cinco años más tarde- la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó la resolución del juez por "encontrarse incompleta la investigación". Se ordenó adjuntar al proceso el extracto de filiación del afectado y solicitar una ampliación del oficio que, en 1974, se había remitido al Tribunal desde la Cárcel de San Antonio. En esta etapa del proceso, sólo se consignó el oficio del Alcaide de la Cárcel de San Antonio, Pedro Cordero Miranda, con fecha 26 de noviembre de 1981, en el que se informaba que el afectado había ingresado a dicho establecimiento el 16 de septiembre de 1973, por orden de la Fiscalía Militar de Tejas Verdes. Figuraba retirado el 20 de septiembre del mismo año para prestar declaraciones en la 1ra Comisaría de Carabineros de Melipilla. Por último, egresó de la Cárcel el 22 de septiembre de 1973 para ser trasladado al Campo N°1. Indagando en relación a la Fiscalía Militar de Tejas Verdes, el Tribunal se comunicó telefónicamente con el Regimiento Escuela de Ingenieros Militares, el 23 de marzo de 1982 -según consta en el proceso- en donde se le informó que en dicho recinto "no funciona ni ha funcionado ninguna Fiscalía Militar". No obstante esta información, el 19 de marzo de 1982, el Capitán Orlando Carter Cuadra, Fiscal Militar Ad-hoc de la Fiscalía de Tejas Verdes (así se firmó), había oficiado diciendo que "Jorge Luis Ojeda Jara cuenta en esta Fiscalía Ad-hoc" con antecedentes que establecieron su detención con fecha 16 de septiembre de 1973 y su ingreso a la Cárcel de San Antonio. El Fiscal Carter agregaba que con fecha 22 de septiembre de ese mismo año, el afectado había sido trasladado al Campo de Prisioneros N°1, quedando en libertad el 5 de octubre de 1973 por orden del Jefe de la Zona en Estado de Sitio del Departamento de San Antonio (Manuel Contreras Sepúlveda). Ya en septiembre de 1982, el Tribunal solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago la remisión del recurso de amparo que se había interpuesto por el afectado en el mes de julio de 1974. Después de incontables oficios, la Corte informó, en junio de 1983, que el amparo rol N°732-74, que había sido rechazado en 1974, fue remitido en esa fecha al Juzgado del Crimen de Melipilla. El 25 de julio de 1983, el Juez René Amiot Dahm, titular del Juzgado de dicha ciudad, señaló que no podía informar sobre el estado de la tramitación de dicho amparo por no haber sido encontrado en los archivos y porque en el mencionado Juzgado "no aparece ninguna causa seguida contra Jorge Luis Ojeda Jara". En junio de 1983, Arcelia Jara, en un escrito al Tribunal, relataba una vez más las circunstancias que habían rodeado la desaparición de su hijo, haciendo notar que estaba establecida judicialmente la permanencia de Jorge Luis en la Cárcel de San Antonio entre el 16 y el 22 de septiembre de 1973, así como su reclusión en el Regimiento de Tejas Verdes desde esta última fecha y hasta el 5 de octubre de 1973. Subrayaba las "abismantes" contradicciones existentes en la información proporcionada por el SENDET al Tribunal. Mientras en 1974 se decía carecer de antecedentes relativos al afectado, en 1976 se decía que había sido puesto en libertad. También se hacía hincapié en las contradicciones provenientes de la Fiscalía Militar de Tejas Verdes. Al respecto, se solicitaron una serie de diligencias. Entre ellas, oficiar al SENDET para que dijera qué fuente de información se había utilizado acerca de la liberación del afectado; citación a declarar al Teniente Coronel de Ejército Luis Rodríguez Díaz para que expusiera las razones por las que informó, en 1974, que el afectado "no ha sido detenido ni se encuentra a disposición de esta Fiscalía Militar", en abierto contraste con lo dicho por el Capitán Orlando Carter Cuadra en el año 1982; oficio a la Comisaría de Carabineros de Melipilla para que dijera si efectivamente la víctima había declarado allí el 20 de septiembre de 1973; determinar el paradero del funcionario de la Cruz Roja Internacional Tomás Kaiser, quien había contado a Arcelia Jara las condiciones físicas en que se encontraba Jorge Luis Ojeda; remisión del extracto de filiación y antecedentes del afectado; y oficio al Departamento de Personal de Carabineros para que informara sobre el Capitán de Carabineros de apellido Brieba, el que en 1973 formaba parte de la dotación de la 4ta Comisaría de Carabineros de Melipilla. El 28 de junio de 1983, la Dirección de Personal de Carabineros, informó al Tribunal que en octubre de 1973 se desempeñaba en la 4ta. Comisaría de Melipilla el actualmente Teniente Coronel Sergio Hernán Brieba Hinrichsen. Por su parte, el entonces Ministro del Interior, General de Brigada Aérea Enrique Montero Marx, ofició al Tribunal, el 5 de julio de 1983, diciendo que la fuente de información acerca de la liberación de Jorge Luis Ojeda había sido la Fiscalía Militar de Tejas Verdes y que dicho antecedente no fue comunicado en su oportunidad al SENDET, cosa que se hizo en agosto de 1975. También en julio de 1983, la Cruz Roja Internacional informó que el señor Kaiser podía ser Thomas Von Kayser, ciudadano suizo que en 1975 se había desempeñado como Delegado de dicha Institución en Chile, pero que se desconocía su actual destino. Se agregó también el extracto de filiación y antecedentes del afectado, en el que se establecía su fallecimiento en 1973, solicitando entonces el Tribunal el protocolo de autopsia correspondiente al Instituto Médico Legal de Santiago. La respuesta se recibió el 12 de septiembre de 1983 y en ella se consignaba que Jorge Luis Ojeda Jara no figuraba ingresado a dicho servicio. Firmaba Francisco Fernández V. Nada más se investigó en relación a este fundamental antecedente. En octubre de 1983, compareció ante el Tribunal el Coronel de Ejército Luis Rodríguez Díaz. Expuso que cuando informó que el afectado no se encontraba detenido, se refería al año 1974, ignorando el testigo si Ojeda Jara había sido detenido con anterioridad. El mismo día en que se tomó esta declaración, 6 de octubre de 1983, se cerró el sumario -ya por séptima vez en el lapso de 9 años de investigación judicial- y se sobreseyó temporalmente la causa porque de los antecedentes reunidos no se acreditó completamente el hecho denunciado. El 7 de noviembre del mismo año, la Corte de Apelaciones de San Miguel aprobó la resolución consultada. El 5 de junio de 1990 se solicitó la reapertura del sumario. En esta oportunidad, Arcelia Jara informó al Tribunal que, dentro de las innumerables indagaciones realizadas para dar con el paradero de su hijo, había concurrido al 1er Juzgado del Crimen de San Antonio, en donde averiguó que entre el 11 de septiembre de 1973 y el 30 de octubre del mismo año, habían ingresado sólo dos causas por hallazgo de cadáveres "NN" de la zona, la 29.799 (correspondía a la de su hijo) y la 29.810 (correspondía al hallazgo del cuerpo de Florindo Alex Vidal). En octubre de 1990, la solicitud de reapertura aún no podía ser proveída puesto que el cargo de Archivero Judicial estaba vacante y, por lo tanto, no había sido posible desarchivar el proceso por presunta desgracia del afectado. En los primeros meses de 1991, la causa fue reabierta y el 3er Juzgado del Crimen de San Miguel se declaró incompetente remitiendo los antecedentes al 1er Juzgado del Crimen de San Antonio, el que los roló con el N°50.331-11. El 31 de mayo de 1991, fueron acumulados al proceso rol N°51.071-11, el que ya estaba siendo instruido en ese mismo Tribunal. Este último proceso se había abierto cuando, el 6 de febrero de 1991, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación remitió al 1er Juzgado del Crimen de San Antonio, antecedentes acerca de 21 casos de desaparecimientos y homicidios ocurridos en el Campamento de Detenidos del Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, a cargo del entonces Coronel Manuel Contreras Sepúlveda, más tarde Director de la DINA. Entre los casos presentados, estaba el de Jorge Luis Ojeda Jara. De esta manera se instruyó la causa rol N°51.071-11, por presunta desgracias y otros, el 22 de febrero de 1991. El proceso se inició con la citación a comparecer a todas las personas que declararon ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación -incluida Arcelia Jara- para después realizarse numerosas diligencias relativas a los hechos denunciados. En el caso particular del afectado -y como ya se mencionara- se acumuló el proceso por presunta desgracia que, desde 1974, se investigaba en el 3er Juzgado del Crimen de San Miguel, el 31 de mayo de 1991. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, se acumuló la causa rol N°29.799, que se había abierto en dicho Tribunal en octubre de 1973 por hallazgo de los cuerpos de Ojeda y Mesina. Ante este Tribunal, el 28 de junio de 1991, Arcelia Jara interpuso una querella por los delitos de secuestro con homicidio calificado, aplicación de tormentos, rigor innecesario, lesiones graves y detención arbitraria, cometidos en la persona de Jorge Luis Ojeda Jara. En la presentación se relataron las circunstancias de la detención y desaparición de la víctima, las brutales torturas a que fue sometido Jorge Luis; su permanencia en la Comisaría de Carabineros de Melipilla, en la Cárcel de San Antonio y en el Regimiento de Tejas Verdes y el posterior hallazgo de su cuerpo en las aguas del río Rapel. Se solicitaron numerosas diligencias. Entre ellas, la citación a declarar de los testigos de reclusión del afectado y el envío de distintos oficios (Cruz Roja Internacional, Dirección de Personal de Carabineros, hospitales, postas). Efectivamente, a diciembre de 1991, ya había declarado ante el Tribunal un gran número de testigos. Entre ellos, lo hizo Sergio Hernán Brieba Hinrichsen -en noviembre de 1991- quien señaló que en 1973 se desempeñaba como Subcomisario de la 4ta Comisaría de Carabineros de Melipilla. Expuso que el 11 de septiembre de 1973 estaba de servicio en el campamento de camiones en El Monte, regresando a Melipilla el día 12 de septiembre de ese año. Dijo que de inmediato fue designado Fiscal Militar con asiento en Melipilla por la Comandancia de la Guarnición, razón por la que no participó en detenciones. Supo que Jorge Luis Ojeda Jara estaba detenido en Tejas Verdes y lo recuerda porque era chófer de un diputado. Sin embargo -declaró- que no vio al afectado ni en la Comisaría ni en la Cárcel de esa ciudad. Reconoció haber conocido al doctor Bernardo Purto, el que en esa época era el médico del recinto policial. Agregó que las detenciones solían practicarla directamente los Militares, los que llevaban a las personas a Tejas Verdes. En su aspecto general, durante la tramitación de este proceso, se solicitó en noviembre de 1991, la remisión del sumario que se ha llevado en el Colegio Médico en contra del doctor Vittorio Orvieto, reconocido por numerosos testigos en Tejas Verdes. También se pidió la comparecencia de Nelson Valdés Cornejo, en 1973 segundo Jefe de Investigaciones de San Antonio y quien fuera también reconocido como interrogador. Además se pidió que se citara a Roberto Araya Silva, locutor de radio Sargento Aldea de San Antonio y que fuera visto con uniforme militar acompañando al entonces Coronel Manuel Contreras Sepúlveda, más tarde director de la DINA. El 17 de noviembre de 1991, compareció Nelson Patricio Valdés Cornejo, quien reconoció su jefatura en Investigaciones, pero negó su participación en torturas y detenciones. Dijo haber concurrido al Regimiento de Tejas Verdes sólo para constatar si entre los presos políticos había algún delincuente habitual. Se realizaron además una serie de gestiones por los distintos casos investigados y, en 1992, la causa aún se encontraba en tramitación y con diligencias pendientes. Una de las últimas diligencias fue la exhumación de los restos en el Cementerio Parroquial de San Antonio, lamentablemente dicha diligencia resultó negativa, ya que no fue posible identificar el lugar preciso del entierro. Por su parte, la señora Arcelia Aída Jara Alarcón no ha cesado en la búsqueda de su hijo. Desde el mismo 5 de octubre de 1973, ha recorrido distintas instituciones y organismos en busca de antecedentes. La madre también recorrió todos los Campos de Detenidos, hasta Pueblo Hundido, tras alguna pista de su hijo. Viajó a Antofagasta, Vallenar, Copiapó, entre otros lugares. Todo ello sin lograr saber sobre la suerte que ya había corrido su hijo, hasta el año 1990.

FARIAS VARGAS, Gustavo Manuel

NOMBRE COMPLETO: Gustavo Manuel Farias Vargas EDAD al momento de la detención o muerte: 08 09 50, 23 años a la fecha de su detención PROFESION U OCUPACION: Recaudador de Obras Sanitarias de San Antonio FECHA de la detención o muerte: 24 de septiembre de 1973 LUGAR de la detención o muerte: Detenido en el hogar de su hermana ubicado en la población Santa Luisa de Quilicura, Santiago ORGANISMO RESPONSABLE de la detención o muerte: Ejercito TIPO CASO de violación de derechos humanos: Detenido Desaparecido HISTORIA PERSONAL Y POLITICA: Soltero, Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Chile) SITUACION REPRESIVA Gustavo Manuel Farías Vargas, soltero, recaudador de Obras Sanitarias de San Antonio, militante del MIR, fue detenido por una patrulla militar en el domicilio de su hermana Isabel Farías Vargas ubicado en la población Santa Luisa de Quilicura, Santiago, el 24 de septiembre de 1973. El y sus hermanos Francisco Antonio, Carlos Vicente y Arturo Florencio, habían sido llamados por Bando militar para que se presentaran en el Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes el mismo 11 de septiembre de 1973. A la fecha de la detención de la víctima, sus hermanos ya se encontraban recluidos. Gustavo Farías fue visto por numerosos testigos en el Regimiento de Tejas Verdes, cuyo Comandante era el entonces Coronel Manuel Contreras Sepúlveda, desde donde desapareció el 5 de octubre de 1973 junto a otros cinco detenidos: Víctor Fernando Mesina Araya, Jorge Luis Ojeda Jara, Ceferino Santis Quijada, Luis Fernando Norambuena Fernandois y Florindo Alex Vidal Hinojosa. El cadáver de este último fue encontrado el 17 de octubre de 1973 en la desembocadura del río Rapel, siendo el único reconocido y entregado a sus familiares. Días antes, el 6 de octubre, también en el río Rapel, fueron encontrados los cuerpos de Víctor Mesina y Jorge Luis Ojeda, a los que se les dio sepultura en el Cementerio Parroquial de San Antonio por orden judicial y sin conocimiento de sus respectivas familias. En relación a Gustavo Farías Vargas, el Coronel de Ejército, Manuel de la Fuente Borge, en 1974, Jefe de la Zona en Estado de Sitio de los Departamentos de San Antonio y Melipilla, informó oficialmente a la Corte de Apelaciones de Santiago, que éste se encontraba registrado en el Archivo de la Fiscalía Militar de Tejas Verdes como detenido el 22 de septiembre de 1973 y puesto en libertad el 8 de octubre del mismo año, (15 de abril de 1974). María Victoria Farías Vargas hermana de la víctima declaró en 1991 ante el 1er. Juzgado del Crimen de San Antonio. Ella expuso que su hermano, desde el momento en que fuera detenido, permaneció siempre en el Regimiento de Tejas Verdes, al borde del río Maipo, en donde le recibieron enseres y alimentos hasta el 8 de octubre de 1973, fecha en que le dijeron que el afectado ya no se encontraba allí. Un Suboficial de apellido Carranca le dijo a la declarante que Gustavo había quedado en libertad y que "nunca le habían comprobado nada". Agregó que ninguno de los familiares pudo conversar con su hermano, puesto que éste se encontraba en el sector F, que eran unos nichos en los que se mantenía a los presos completamente incomunicados. Este antecedente se vio corroborado por las declaraciones de la joven de 17 años de edad, Ana Graciela Becerra Arce, quien a la fecha también se encontraba recluida en el Regimiento de Tejas Verdes. La testigo declaró que en el mes de septiembre de 1973, fue autorizada por sus captores para llevarle comida a los detenidos que se encontraban incomunicados en los "containers". Por esta razón los pudo ver y conversar con ellos. Ahí estaba Gustavo Farías Vargas a quien llamaban "Pochocho" y ella conocía, junto a Florindo Alex Vidal, Ceferino Santis, Víctor Mesina, Amador Aguila, Miguel Sánchez y un médico de apellido Pereda. Logró conversar con el afectado, el que se encontraba en malas condiciones físicas y quien le dijo "no aguanté más y entregué tu participación en la venta de diarios en las pesqueras, lo tuve que largar, perdóname". Por su parte, Hernán Becerra Madrid también fue testigo de la permanencia del afectado en Tejas Verdes. El declarante fue detenido el 15 de septiembre de 1973 y conducido a dicho recinto militar, entre otros. Fue en ese recinto a su ingreso cuando se hizo presente Manuel Contreras Sepúlveda, a la sazón Comandante del Regimiento a quien el testigo conocía personalmente desde épocas anteriores. Más aún, antes del 11 de septiembre de 1973, Hernán Becerra y Manuel Contreras se habían encontrado en actividades sociales en el Instituto Chileno Soviético de Cultura de San Antonio, se dirigió a él en forma violenta y amenazante, le dijo "al fin te tengo mirista...", profiriendo insulto tras insulto. Hernán Becerra señaló que los detenidos permanecían en una especie de barracones cabañas de madera, prefabricadas en los que normalmente había entre 6 a 7 personas. No tenían ventanas, no había literas ni camas ni tampoco luz eléctrica. Al llegar a Tejas Verdes, a los detenidos se les asignaba un número, el que debían llevar colgado al cuello, escrito con tiza en un trozo de cartón o cholguán. Al testigo le correspondió el número 425. El Coronel Manuel Contreras Sepúlveda, solía visitar el sector donde se encontraban los prisioneros, aprovechando esas oportunidades para lanzar arengas en tono amenazante, haciendo sentir su condición de jefe máximo del recinto. Fue en ese lugar de reclusión donde Hernán Becerra Madrid vio a los hermanos Gustavo y Carlos Farías Vargas, a quienes conocía de antes. Otro testigo sobreviviente, Amador Arturo Aguila Maturana, detenido el 27 de septiembre de 1973 por efectivos de Investigaciones de San Antonio y por el Servicio de Inteligencia Militar (SIM) y conducido al Regimiento de Tejas Verdes, en donde fue sometido a diversas torturas, mantenido encerrado en unos containers metálicos que habían llegado en un barco alemán, declara que una noche, durante los primeros días de octubre de 1973, cuando era traído de una sesión de interrogatorio en el subterráneo del Casino de Oficiales, los militares lo condujeron a una suerte de comedor. Allí vio a un grupo de detenidos que estaba separado del resto. Los militares señalaron que esos presos iban a quedar en libertad, razón por la que prohibieron hablar con ellos. El grupo estaba compuesto por Gustavo Farías Vargas, Luis Norambuena Fernandois Ceferino Santis Quijada Florindo Alex Vidal Hinojosa, Víctor Fernando Mesina Araya y Jorge Luis Ojeda Jara. Al día siguiente, ninguno de los detenidos integrantes de ese grupo se encontraba en el Regimiento. Al resto de los presos les llamó la atención que la ropa de Gustavo Farías aún permanecía allí. Entonces el Suboficial de apellido Carriel dijo que la botaran. Como los recluidos se negaron a hacerlo, pidió que la entregaran en la guardia por si alguien venía a buscarla. Luis Alberto Sepúlveda Carvajal, quien en 1973 era funcionario del Instituto Médico Legal de San Antonio, desempeñándose como Auxiliar del Médico Legista, doctor Julio Berdichesky, declaró ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y ante el 1er Juzgado del Crimen de San Antonio, en 1990 y 1991 respectivamente. Expuso que el 23 de septiembre de 1973 lo requirieron desde la Morgue, ubicada en el Hospital local. Al presentarse en su lugar de trabajo, vio seis cuerpos en el suelo,uno encima del otro, entre los que estaban los restos de cuatro dirigentes marítimos del Sindicato de Estibadores de San Antonio (Héctor Rojo Alfaro, Samuel Núñez González, Armando Jiménez Machuca y Guillermo Alvarez Cañas), de un dirigente socialista, Raúl Enrique Bacciarini Zorrilla, y de Fidel Alonso Bravo Alvarez, (todos ellos habían sido vistos en malas condiciones físicas, recluidos, entre otros recintos, en el Regimiento de Tejas Verdes). Los cadáveres, según lo constató el testigo,estaban casi destrozados por heridas de arma blanca y los impactos de bala que presentaban, por su trayectoria, inequívocamente habían sido hechos post mortem y con los cuerpos en el suelo. Dado la situación, el doctor Berdichesky se comunicó telefónicamente con el Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, en donde se le señaló que sólo les interesaba legalizar las defunciones, que no practicara autopsia, que la data de muerte era el 22 de septiembre de 1973, a dos kilómetros al sur del Retén Atalaya, y que los cuerpos debían salir directamente al Cementerio, con un intervalo de una hora cada uno y con un acompañamiento no superior a tres personas por cadáver. Oficialmente se informó que los detenidos habían tratado de fugarse cuando eran trasladados a Bucalemu. Al día siguiente, el doctor Berdichesky le contó al testigo que había sido llevado al Regimiento, obligándolo a cambiar el informe médico, borrando la parte relativa a las heridas con arma blanca y debiendo poner en su lugar "heridas por balas de guerra". El 27 de septiembre de 1973, el auxiliar del médico legista Luis Alberto Sepúlveda fue detenido por Militares y conducido a Tejas Verdes. El testigo fue sometido a violentas torturas y el Fiscal Miranda le dijo a su cónyuge que lo habían detenido por "falsear informes de autopsia". Mientras permanecía en Tejas Verdes, Luis Alberto Sepúlveda vio, entre otros, a Gustavo Farías, a Florindo Alex Vidal y a Ceferino Santis, metidos en unos nichos que se hacían con estructuras metálicas. En los primeros días de octubre, en la noche, el testigo fue subido a una camioneta a la que también subieron a Luis Fernando Norambuena Fernandois, a Ceferino Santis Quijada, a Florindo Alex Vidal y a Gustavo Farías Vargas. El vehículo pertenecía a la Pesquera Arauco e iban otras personas cuyos nombres el declarante no recuerda. Cuando la camioneta se ponía en marcha, los militares bajaron a Sepúlveda y le dijeron "por el bien tuyo y por el nuestro, tú no has visto nunca esta camioneta". Por su parte, Arturo Florencio Farías Varas hermano del afectado fue detenido el 15 de septiembre de 1973, cuando se presentó en la Fiscalía Militar que funcionaba al interior del Regimiento Escuela de Ingenieros Militares, después de haber sido llamado por Bando. De inmediato fue interrogado por el Fiscal David Miranda y por personal del Servicio de Inteligencia Militar. Sus hermanos Carlos y Francisco Farías Vargas, ya se encontraban detenidos. Después de permanecer incomunicado en la Cárcel de San Antonio, Arturo Farías, fue llevado a interrogatorio al Regimiento de Tejas Verdes, en los primeros días de octubre de 1973. Después de ser sometido a torturas (dos detenidos debían sostenerlo puesto que no podía mantenerse en pie) fue sacado al patio donde se estacionaban los vehículos. Era ya de madrugada. Allí había dos grupos de detenidos, siendo llevado el testigo hacia uno de ellos, integrado por unas cinco personas. En esos momentos un Sargento dijo a quienes lo llevaban "el detenido no va con el Comandante", de modo que Arturo Farías fue llevado hasta el segundo grupo. Sin embargo pudo darse cuenta que en el primer grupo de detenidos estaba su hermano, Gustavo, de quien no sabía que se encontraba arrestado y el que le hizo un gesto de saludo. Vestía pantalones azules y llevaba puesto un vestón grueso oscuro. Se veía agotado, al igual que el resto de las otras personas. Junto al afectado estaban Luis Norambuena, Ceferino Santis, Florindo Alex Vidal y Jorge Ojeda Jara, (también iba en el grupo, aunque el testigo no lo menciona, Víctor Mesina Araya). Ninguno de ellos retornó al Regimiento. GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS El 24 de marzo de 1974, el nombre del afectado fue incluido en la presentación de un amparo masivo por 131 personas interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago y rolado con el N°289 74. Durante la tramitación de éste y en relación a Gustavo Farías Vargas, su detención fue reconocida oficialmente cuando el Coronel Manuel de la Fuente Borge, Jefe de la Zona en Estado de Sitio de los Departamentos de San Antonio y Melipilla, ofició a la Corte informando que el nombre del afectado estaba registrado en el Archivo de la Fiscalía Militar de Tejas Verdes como detenido el 22 de septiembre de 1973 y puesto en libertad el 8 de octubre del mismo año, (15 de abril de 1974). El Tribunal no investigó al respecto, ni hubo mayores diligencias relacionadas con Gustavo Farías. El 28 de noviembre de 1974, el amparo masivo fue rechazado. Se apeló de la resolución, la que fue confirmada por el Pleno de la Corte Suprema el 31 de enero de 1975. En esta misma oportunidad, el máximo Tribunal acordó nombrar un Ministro en Visita Extraordinaria para que se abocara a la investigación correspondiente. La designación recayó en el Ministro Enrique Zurita Camps, quien, el 24 de febrero de 1975, instruyó el proceso rol N°106.657 en el 1er Juzgado del Crimen de Santiago. El proceso se inició con la citación a los familiares denunciantes, los que fueron compareciendo en el transcurso de los meses. Se enviaron oficios a las autoridades de la época todos con respuestas negativas y se acumularon distintas denuncias por presunta desgracia, incluyendo el caso de 11 detenidos desaparecidos de Isla de Maipo, algunos de cuyos cuerpos fueron después encontrados en los Hornos de Lonquén, así como las causas de Enrique París Roa y de Enrique Huerta Corvalán, ambos desaparecidos en el Palacio presidencial de La Moneda el 11 de septiembre de 1973. El 25 de septiembre de 1975 sin que se hubiese profundizado en ninguno de los casos denunciados se cerró el sumario por "no poderse adelantar más en la investigación". El 29 de septiembre del mismo año, el Ministro en Visita dictó fallo. En el caso particular de Gustavo Farías Vargas, su nombre fue incluído por el Ministro Visitador dentro de una lista de 22 casos de personas que se encontraban en libertad. Por este motivo por encontrarse el afectado libre y no desaparecido se sobreseyó el proceso. En otras situaciones, la causa fue remitida a la Justicia Militar por incompetencia del Ministro Enrique Zurita. El 10 de mayo de 1976, la Corte de Apelaciones de Santiago, aprobó la resolución consultada. Años después, el 3 de diciembre de 1990, se interpuso una denuncia de presunta desgracia del afectado ante el 12° Juzgado del Crimen de Santiago, la que fue rolada con el N°37.470 6. En la presentación se señalaba que Gustavo Farías había sido detenido en el domicilio de su hermana, Isabel Farías Vargas, en Santiago, por una patrulla militar, la que lo condujo al Regimiento de Tejas Verdes, desde donde desapareció en octubre de 1973. Se agregaba que Patricia Farías hermana lo había visto en un patio de dicho recinto en los primeros días de octubre de ese año. Se solicitaba la citación a declarar de los testigos de reclusión de la víctima y numerosos oficios dirigidos al Instituto Médico Legal de San Antonio y Santiago y a distintas autoridades. En diciembre de 1990, el Tribunal se declaró incompetente y remitió los antecedentes al 1er Juzgado del Crimen de San Antonio, en donde fueron acogidos a tramitación bajo el rol N°50.581 11, el 3 de enero de 1991. Se gestionaron entonces diversos oficios. Autoridades del Cementerio Parroquial de San Antonio respondieron que el afectado no se encontraba sepultado allí. También carecía de antecedentes relativos a la víctima el Ministerio del Interior, Asistencia Pública de San Antonio, Policía Internacional, Instituto Médico Legal y Cementerios General y Católico de Santiago. Asimismo, declararon por exhorto los hermanos del afectado Carlos a Isabel Farías Vargas. Ante una orden judicial Investigaciones, informó haber realizado averiguaciones en el Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, en donde se le dijo que toda la documentación de la época había sido remitida al 2° Juzgado Militar, después de permanecer, hasta 1979, en poder de la Fiscalía Militar ad hoc que funcionó en Tejas Verdes. El 21 de noviembre de 1991, se adjuntó al proceso el Oficio del Mayor General Rodrigo Sánchez Casillas, Jefe del Estado Mayor General de Ejército, quien informó sobre los miembros del Ejército que se desempeñaron en el Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes entre los años 1973 y 1974. Los nombres de Oficiales y Suboficiales consignados en este Oficio coincidieron en su gran mayoría con aquellos que ya habían sido entregados por testigos que permanecieron recluidos en aquel recinto Militar. En diciembre de 1991, esta causa fue acumulada al proceso rol 51.071 11 del mismo 1er Juzgado del Crimen de San Antonio, la que ya se encontraba en tramitación. Esta última se había abierto cuando el 6 de febrero de 1991, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación remitió a dicho Tribunal antecedentes relacionados con 21 casos de desaparecimientos y homicidios ocurridos en el Campamento de Detenidos que funcionaba al interior del mencionado Regimiento. Entre los casos presentados estaba el de Gustavo Manuel Farías Vargas. El 22 de febrero del mismo año se instruyó la causa. El proceso se inició con la citación a comparecer a todas las personas que declararon ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, para después CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile Sida 6 realizarse numerosas diligencias en relación a cada uno de los 21 casos presentados. En su aspecto general, durante la investigación judicial, los querellantes solicitaron,en noviembre de 1991, la remisión del sumario que se ha llevado en el Colegio Médico en contra del doctor Vittorio Orvieto. También se pidió la comparecencia de Nelson Patricio Valdés Cornejo, en 1973, segundo Jefe de Investigaciones de San Antonio; y de Roberto Araya Silva, locutor de Radio Sargento Aldea. El 17 de diciembre de 1991, compareció ante el Tribunal, Nelson Patricio Valdés Cornejo, quien reconoció su Jefatura en Investigaciones, pero negó su participación en detenciones y torturas. Dijo haber concurrido al Regimiento de Tejas Verdes sólo para constatar si entre los presos políticos había algún delincuente habitual. Señaló que era fácil ser reconocido porque había sido Presidente en un Club Deportivo en Cartagena. A diciembre de 1991, esta causa aún se encontraba abierta y con diligencias pendientes. Fuente: Vicaria de la Solidaridad ---------------------------------------------

Lean detenidamente... Durante un debate en una universidad de Estados Unidos, le preguntaron al ex gobernador del Distrito Federal y actual Ministro de Educación de Brasil, CRISTOVÃO CHICO BUARQUE, qué pensaba sobre la internacionalización de la Amazonia. Un estadounidense en las Naciones Unidas introdujo su pregunta, diciendo que esperaba la respuesta de un humanista y no de un brasileño. Ésta fue la respuesta del Sr. Cristóvão Buarque: Realmente, como brasileño, sólo hablaría en contra de la internacionalización de la Amazonia. Por más que nuestros gobiernos no cuiden debidamente ese patrimonio, él es nuestro. Como humanista, sintiendo el riesgo de la degradación ambiental que sufre la Amazonia, puedo imaginar su internacionalización, como también de todo lo demás, que es de suma importancia para la humanidad. Si la Amazonia, desde una ética humanista, debe ser internacionalizada, internacionalicemos también las reservas de petróleo del mundo entero. El petróleo es tan importante para el bienestar de la humanidad como la Amazonia para nuestro futuro. A pesar de eso, los dueños de las reservas creen tener el derecho de aumentar o disminuir la extracción de petróleo y subir o no su precio. De la misma forma, el capital financiero de los países ricos debería ser internacionalizado. Si la Amazonia es una reserva para todos los seres humanos, no se debería quemar solamente por la voluntad de un dueño o de un país. Quemar la Amazonia es tan grave como el desempleo provocado por las decisiones arbitrarias de los especuladores globales. No podemos permitir que las reservas financieras sirvan para quemar países enteros en la voluptuosidad de la especulación. También, antes que la Amazonia, me gustaría ver la internacionalización de los grandes museos del mundo. El Louvre no debe pertenecer solo a Francia. Cada museo del mundo es el guardián de las piezas más bellas producidas por el genio humano. No se puede dejar que ese patrimonio cultural, como es el patrimonio natural amazónico, sea manipulado y destruido por el sólo placer de un propietario o de un país. No hace mucho tiempo, un millonario japonés decidió enterrar, junto con él, un cuadro de un gran maestro. Ese cuadro tendría que haber sido internacionalizado. Durante este encuentro, las Naciones Unidas están realizando el Foro Del Milenio, pero algunos presidentes de países tuvieron dificultades para participar, debido a situaciones desagradables surgidas en la frontera de los EE.UU. Por eso, creo que Nueva York, como sede de las Naciones Unidas, debe ser internacionalizada. Por lo menos Manhatan debería pertenecer a toda la humanidad. De la misma forma que París, Venecia, Roma, Londres, Río de Janeiro, Brasilia… cada ciudad, con su belleza específica, su historia del mundo, debería pertenecer al mundo entero. Si EEUU quiere internacionalizar la Amazonia, para no correr el riesgo de dejarla en manos de los brasileños, internacionalicemos todos los arsenales nucleares. Basta pensar que ellos ya demostraron que son capaces de usar esas armas, provocando una destrucción miles de veces mayor que las lamentables quemas realizadas en los bosques de Brasil. En sus discursos, los actuales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos han defendido la idea de internacionalizar las reservas forestales del mundo a cambio de la deuda. Comencemos usando esa deuda para garantizar que cada niño del mundo tenga la posibilidad de comer y de ir a la escuela. Internacionalicemos a los niños, tratándolos a todos ellos sin importar el país donde nacieron, como patrimonio que merecen los cuidados del mundo entero. Mucho más de lo que se merece la Amazonia. Cuando los dirigentes traten a los niños pobres del mundo como Patrimonio de la Humanidad, no permitirán que trabajen cuando deberían estudiar; que mueran cuando deberían vivir. Como humanista, acepto defender la internacionalización del mundo; pero, mientras el mundo me trate como brasileño, lucharé para que la Amazonia, sea nuestra. ¡Solamente nuestra! NOTA: Este artículo fue publicado en el NEW YORK TIMES, WASHINGTON POST, USA TODAY y en los diarios de mayor tirada de EUROPA y JAPÓN. Pero en BRASIL y el resto de Latinoamérica, este artículo no fue publicado.

LUIS FERNANDO NORAMBUENA FERNANDOIS

LUIS FERNANDO NORAMBUENA FERNANDOIS Rut : Sin información F.Nacim. : -08-43, 30 años a la fecha de su detención Domicilio : Población Capitán Orella, Block 14, Depto.41, San Antonio E.Civil : Casado, 1 hijo Actividad : Trabajador de Esso Industrial C.Repres. : Partido Socialista, Comité Central; Regidor por San Antonio; Secretario Regional de la Central Unica de Trabajadores (CUT). F.Detenc. : 14 de septiembre de 1973 SITUACION REPRESIVA Luis Fernando Norambuena Fernandois, casado, padre de un hijo, trabajador de ESSO, Regidor por San Antonio, miembro del Comité Central de Partido Socialista, fue detenido el día 14 de septiembre de 1973, cuando se presentó en la Fiscalía Militar que funcionaba al interior del Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, cuyo Comandante era el entonces Coronel Manuel Contreras Sepúlveda. Norambuena había sido llamado por Bando militar a través de la radio Sargento Aldea de San Antonio. Permaneció recluido en la Cárcel de San Antonio, desde donde fue trasladado a Investigaciones de esa ciudad, y posteriormente al Regimiento de Tejas Verdes, desapareciendo desde este recinto el 5 de octubre de 1973, junto a otros cinco detenidos: Víctor Fernando Mesina Araya, Jorge Luis Ojeda Jara, Ceferino Santis Quijada, Gustavo Farías Vargas y Florindo Alex Vidal Hinojosa. El cadáver de este último fue encontrado, el 17 de octubre de 1973, en la desembocadura del río Rapel, siendo el único entregado a su familia. Días antes, el 6 de octubre, también en el río Rapel, se hallaron los cuerpos de Víctor Mesina y José Luis Ojeda, los que fueron sepultados en el Cementerio Parroquial de San Antonio por orden judicial y sin conocimiento de sus respectivos familiares. Cuando se conoció esta información se solicitó al Tribunal la exhumación de sus restos, lo que no se pudo concretar, debido a que no logró establecerse el lugar de entierro. En cuanto al afectado, se comentó entre los detenidos que había sido lanzado al mar, amarrado y herido. Norma Quiroz Guaico -cuñada de la víctima- lo vio y conversó con él en la Cárcel de San Antonio el 15 de septiembre de 1973. El afectado le contó que se había entregado voluntariamente y se mostró inquieto porque su esposa -hermana de la testigo- había tenido su guagua recién el 1° de septiembre y se encontraba convaleciente. Ella lo notó en mal estado. Posteriormente, Norma Quiroz continuó viéndolo, pero ya de lejos, cuando lo sacaban de la Cárcel para llevarlo a interrogatorio al Regimiento de Tejas Verdes. Ante el Tribunal, la testigo dijo que los militares llevaban a los detenidos a punta de culatazos y golpes. Como, con el transcurso de los días, comenzó a juntarse mucha gente frente al presidio, aprovechando esa oportunidad para ver a sus familiares presos y gritar exigiendo su libertad, empezaron a encapuchar a los afectados con sacos harineros sucios. Aunque no podían ver el rostro de los detenidos, muchas personas los reconocían por las vestimentas. Más tarde, se ordenó sacar a los presos durante la noche, por cuanto cada vez se juntaba más gente en la calle, aunque fuera sólo para mirar lo que ocurría. La testigo -aunque ya no le permitían verlo- le llevaba diariamente una vianda de alimentos, la que fue recibida hasta alrededor del 15 de octubre de 1973. Días después, aproximadamente el 20 de octubre, una persona le entregó la argolla matrimonial y el carnet de su cuñado, señalándole que pasara a retirar el resto de las pertenencias de la víctima. Ante sus consultas, en la Cárcel informaron a la familia que Norambuena había sido trasladado al Regimiento de Tejas Verdes, donde permanecía incomunicado por orden de Manuel Contreras Sepúlveda. El Fiscal Militar de dicho recinto, David Maturana, informó a la madre de Luis Norambuena -ya fallecida- que su hijo estaba en libertad, mostrándole un libro en el que aparecía la firma de él. En forma burlesca se le dijo que "lo fuera a buscar a los cerros de Melipilla". El ex detenido José Joel Muñoz Vergara relata que fue aprehendido el 14 de septiembre de 1973, cuando se presentó en el Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes después de ser llamado por Bando a través de la radio Sargento Aldea. Al ingresar, lo dejaron en una multicancha, junto a otros detenidos, para ser llevado, en horas de la tarde, al Parque de Materiales del recinto militar, al lado del puente sobre el río Maipo y cerca de donde se levantaría después el Campamento de Prisioneros. Aquí estuvo con otros 20 detenidos, entre ellos, Luis Norambuena Fernandois, Juan Opazo (abogado) y José Cornejo Aliaga (profesor). Ese mismo día, el testigo fue llevado a la Cárcel de San Antonio, e instalado en un colectivo en que estaban Luis Fernando Norambuena, Raúl Bacciarini (se le aplicaría la denominada ley de fuga junto a otros cinco detenidos), Ceferino Santis (actualmente detenido desaparecido), José Cornejo y Gómez. Por su parte, el ex prisionero Jorge Manuel Silva Huerta también vio al afectado en la Cárcel de San Antonio. Asimismo, Onofre Segundo Aguila Parra declaró haber visto a Norambuena en dicho establecimiento carcelario. El declarante fue detenido el 13 de septiembre de 1973 y conducido a Tejas Verdes, en donde el Fiscal Miranda ordenó que lo llevaran a la Comisaría de Carabineros de San Antonio. Desde aquí fue trasladado a la Cárcel, en la que ya había una importante cantidad de presos políticos. Onofre Aguila, al igual que el resto de los detenidos, fue sacado en distintas oportunidades a Tejas Verdes, para ser interrogado y torturado. En uno de sus interrogatorios participó una persona de apellido Araya que trabajaba en la Radio Sargento Aldea y que era Oficial de reserva del Ejército. A comienzos de octubre de 1973, encontrándose en la Cárcel, el testigo acudió, a petición de un gendarme a una celda en la que había un preso aislado. Se trataba de Luis Norambuena Fernandois, a quien el declarante conocía con antelación. Estaba maltrecho, con hematomas visibles, barbudo y casi no se podía parar. Le contó que había sido torturado personalmente por Manuel Contreras Sepúlveda y por un Capitán de apellido Jara, los que lo habían sentenciado a muerte. Lo sacaron de la Cárcel junto a Ceferino Santis. Después, el testigo se enteró que había sido ejecutado. Héctor Freddy Silva Vergara es otra de las personas que fue detenida en la Fiscalía Militar del Regimiento de Tejas Verdes al momento de presentarse, respondiendo a un llamado que se hizo por Bando. Señala que fue detenido el 13 de septiembre de 1973, y permaneció de pie, con las manos en la nuca en una cancha ubicada al interior de dicho recinto militar junto a unas 100 personas más, en su gran mayoría, habitantes de San Antonio, de 8 a 16 horas. Al cabo de este tiempo, fueron conducidos, en camiones militares, a la Cárcel de San Antonio. Se les ubicó en colectivos que no daban abasto para tantos detenidos, por lo que muchos debieron dormir en el suelo. Fue en este recinto penal donde vio a Luis Norambuena, el que permaneció todo el tiempo absolutamente incomunicado, tanto de sus familiares como del resto de los detenidos. Se le mantenía aislado en una celda de castigo, logrando el testigo conversar con él a través de una rejilla. Después, Héctor Freddy Silva supo que habían sacado a Norambuena de la Cárcel y que lo habían asesinado. El ex prisionero Manuel Felipe Hover Medina vio en la Cárcel de San Antonio a Luis Fernando Norambuena, a quien conocía desde niño. Este se encontraba incomunicado en una celda y lograba conversar con otros detenidos a través de una especie de ventana superior. Aunque no pudo apreciar las condiciones físicas en que se encontraba supo que, a fines de septiembre de 1973, lo habían sacado del recinto junto a Ceferino Santis para ser llevado a Tejas Verdes. Después escuchó que había sido ejecutado y su cuerpo fue lanzado al mar. Ante el 1° Juzgado del Crimen de San Antonio, en 1991, Moisés Uldaricio Torres Rojas, declaró haber visto al afectado en la Cárcel de dicha ciudad. En dos oportunidades conversó con él y, después, se informó por las autoridades militares que había sido puesto en libertad. Sin embargo, por otras fuentes supo que lo habían lanzado al mar, en la desembocadura del río Maipo. Moisés Torres fue detenido el 13 de septiembre de 1973 cuando se presentó en la Comisaría de Carabineros de Santo Domingo después de ser llamado por Bando militar difundido por Radio Sargento Aldea. Por su parte, Juan Antonio Betancourt Román -quien también permaneciera detenido en la Cárcel de San Antonio y en el Regimiento de Tejas Verdes- supo a través de un sobrino suyo, ya fallecido, Nelson Méndez, quien había sido Sargento en Tejas Verdes, que Luis Norambuena y Ceferino Santis fueron lanzados al mar desde un helicóptero, frente a la costa de San Antonio. También Hernán Becerra Madrid escuchó comentarios de que el afectado habría sido lanzado al mar. El testigo habló con Norambuena en la Cárcel. Mario López Cisternas, quien fuera detenido el 14 de septiembre de 1973, después de ser llamado por Bando, declara que vio al afectado en tres oportunidades en la Cárcel de San Antonio. Según lo declaró ante el Tribunal, Norambuena se veía muy mal físicamente y caminaba inclinado, producto de las torturas a que fue sometido. Mario Jacinto Márquez -ex Alcaide de la Cárcel de San Antonio y que declarara tanto ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como ante el 1° Juzgado del Crimen de San Antonio, en 1990 y 1991 respectivamente- es otro testigo de la permanencia del afectado en dicho recinto penal. El testigo expuso que, el 11 de septiembre de 1973, alrededor de las 17 horas, tuvo que presentarse en el Regimiento de Tejas Verdes. Allí, el Comandante y Gobernador Provincial, Manuel Contreras Sepúlveda, a la sazón Coronel de Ejército, le indicó, verbalmente, que continuara en su cargo de Alcaide de la Cárcel, diciéndole que, a partir de ese momento, comenzarían a llegar "prisioneros de guerra" y que, por tanto, los presos comunes debían ser evacuados a la Cárcel de Melipilla. Con el transcurso de los días, el penal, que tenía una capacidad para recibir a 180 presos, se atiborró de detenidos, llegando a albergar a unas 300 personas. En un comienzo -señaló el declarante- las cosas no eran demasiado ordenadas en cuanto al ingreso de detenidos, los que traían una orden firmada por el Fiscal Militar David Miranda. Sin embargo, después se les empezó a ingresar en los registros de acuerdo a las reglas generales de Gendarmería. Todos los días personal del Ejército sacaba a determinado número de detenidos para trasladarlos al Regimiento de Tejas Verdes. El traslado lo efectuaba una patrulla militar al mando del suboficial Carranca, muchas veces participó también el Fiscal Miranda. Se movilizaban en jeeps, camiones y camionetas frigoríficas que eran de propiedad de las dos pesqueras que había en la zona. Como norma general se encapuchaba a los detenidos. Luego la costumbre se fue perdiendo porque también comenzaron a sacarlos para borrar las consignas políticas que se pintaba en la calle. Cuando los presos retornaban de los interrogatorios en Tejas Verdes, lo hacían hechos "una calamidad" y los funcionarios de Gendarmería se convirtieron en "el paño de lágrimas" de ellos. El establecimiento penal era visitado continuamente por Manuel Contreras Sepúlveda y por el Fiscal David Miranda. También solían llegar un Teniente de apellido Carevic y un Oficial de apellido Quintana. En una oportunidad, el testigo conversó con Manuel Contreras respecto al estado en que volvían los detenidos desde Tejas Verdes, pero éste no manifestó interés alguno en escucharlo. Situación similar se produjo cuando se decidió el fusilamiento de dos carabineros de Algarrobo, dentro del recinto penal. Mario Jacinto Márquez se opuso a que la ejecución se realizara en dicho lugar. Sin embargo, el ex jefe de la DINA determinó lo contrario. En cuanto a Luis Norambuena, Márquez recuerda que efectivamente estuvo en la Cárcel de San Antonio y que mostraba huellas de malos tratos. En una oportunidad fue sacado para Tejas Verdes y no retornó. También existen testigos de la permanencia de Luis Norambuena Fernandois en el Regimiento de Tejas Verdes. Amador Arturo Aguila Maturana fue detenido el 27 de septiembre de 1973 por efectivos de Investigaciones y del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), dirigidos por el Jefe de Investigaciones, Valdés y por el Capitán de Ejército Mario Jara. Declara que conducido a Tejas Verdes, en donde se le sometió a diversas torturas. Una noche, durante los primeros días de octubre de 1973, alrededor de las 24 horas, cuando el testigo regresaba de un interrogatorio, fue introducido en la construcción que hacía las veces de comedor. Ahí vio a un grupo de detenidos a los que tenían separados del resto. Los militares prohibieron hablar con ellos porque, según dijo un soldado de apellido Ahumada, iban a salir en libertad. El grupo estaba compuesto por Luis Norambuena, Ceferino Santis Quijada, Gustavo Farías Vargas, Florindo Alex Vidal Hinojosa, Víctor Fernando Mesina Araya y Jorge Luis Ojeda Jara. Al día siguiente, estas personas ya no estaban en el Campamento, llamándole la atención al resto de los detenidos que la ropa de Gustavo Farías aún permanecía en su cabaña. Luis Alberto Sepúlveda Carvajal, quien en 1973 era funcionario del Instituto Médico Legal de San Antonio, desempeñándose como Auxiliar del Médico Legista, doctor Julio Berdichesky, declaró ante el 1er. Juzgado del Crimen de San Antonio en 1991. Expuso que el 23 de septiembre de 1973 lo requirieron desde la morgue, ubicada en el Hospital Local. Al presentarse en su lugar de trabajo, vio seis cuerpos en el suelo, uno encima de otro, entre los que estaban los cadáveres de cuatro dirigentes marítimos del Sindicato de Estibadores de San Antonio (Héctor Rojo Alfaro, Samuel Núñez González, Armando Jiménez Machuca y Guillermo Alvarez Cañas), de un dirigente socialista, Raúl Enrique Bacciarini Zorrilla y de Fidel Alonso Bravo Alvarez. (Todos ellos habían sido vistos en muy malas condiciones físicas, recluidos, entre otros recintos, en el Regimiento de Tejas Verdes). Los cadáveres -según lo constató el testigo- estaban casi destrozados por heridas de arma blanca y los impactos de bala que presentaban, por su trayectoria, inequívocamente habían sido hechos post-mortem y con los cuerpos en el suelo. Dado la situación, el doctor Berdichesky se comunicó telefónicamente con el Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, en donde se le señaló que sólo les interesaba legalizar las defunciones, que no practicara autopsia, que la data de muerte era el 22 de septiembre de 1973, a dos kilómetros al sur del Retén Atalaya, y que los cuerpos debían salir directamente al Cementerio, con un intervalo de una hora cada uno y con un acompañamiento no superior a tres personas por cadáver. Oficialmente se informó que los detenidos habían intentado fugarse cuando eran trasladados a Bucalemu. Al día siguiente, el doctor Berdichesky le contó al testigo que había sido llevado al Regimiento de Tejas Verdes, en donde lo obligaron a cambiar el informe médico, borrando la parte relativa a las heridas a arma blanca y poniendo en su lugar heridas por balas de guerra. El 27 de septiembre de 1973, el auxiliar del médico legista Luis Alberto Sepúlveda fue detenido por militares y conducido a Tejas Verdes en una camioneta de la Pesquera Arauco. Fue introducido en una oficina en la que se encontraba el Juez del Crimen de San Antonio, Patricio Bravo Larraín, el Comandante del Regimiento, Manuel Contreras, y un civil que le dijo a éste último que lo hacía responsable de la suerte del declarante. El testigo fue sometido a torturas y el Fiscal David Miranda le dijo a su cónyuge que lo habían detenido por falsear informes de autopsia. Mientras permanecía en Tejas Verdes, vio, entre otros, a Gustavo Farías, a Florindo Alex Vidal y a Ceferino Santis, metidos en unos "nichos" que se hacían con estructuras metálicas que eran utilizadas para los puentes. En los primeros días de octubre, en la noche, el testigo fue subido a una camioneta, a la que también subieron a Norambuena, Santis, Farías y Vidal, y a otras personas que el declarante no recuerda. Se trataba de una camioneta perteneciente a la Pesquera Arauco, de las que usaban para el transporte del pescado. El testigo alcanzó a conversar con el afectado y éste le dijo que los iban a matar. Cuando el vehículo se ponía en marcha, los militares bajaron al declarante y le dijeron "por el bien tuyo y por el de nosotros, tú no has visto nunca esta camioneta". Arturo Florencio Farías Vargas -hermano del detenido desaparecido Gustavo Farías Vargas- fue detenido el 15 de septiembre de 1973, cuando se presentó en el Regimiento de Tejas Verdes, después de haber sido llamado por Bando. Estando en la Cárcel de San Antonio, el 16 de septiembre, cerca de las 21 horas fue sacado de su celda y conducido, en una camioneta station wagon, junto a Luis Norambuena, Ceferino Santis, a Jorge Cornejo Carvajal y a Patricio Rojas González (estos dos últimos fueron ejecutados el 18 de noviembre de 1973), hasta las dependencias del Cuartel de Investigaciones de San Antonio, en donde fueron interrogados por separado. Alrededor de las 4 de la mañana del 17 de septiembre, fueron devueltos al establecimiento penal, quedando en celdas de castigo e incomunicados, Norambuena, Santis, Rojas y Cornejo. Posteriormente, en los primeros días de octubre de 1973, Arturo Farías fue llevado nuevamente desde la Cárcel de San Antonio a Tejas Verdes, alrededor de las 24:00 horas, siendo interrogado durante toda la noche. De amanecida, fue sacado al patio donde estacionaban los vehículos. Allí había dos grupos de detenidos, siendo llevado a uno de ellos en el que había cinco personas, en esos momentos un Sargento dijo "el detenido no va con el Comandante", de modo que el testigo fue llevado al otro grupo de recluidos. En el primero de éstos, Arturo Farías reconoció a su hermano, Gustavo Farías, el que se notaba muy agotado, igual que el resto; a Luis Norambuena, quien vestía una parka roja y bluejeans; a Ceferino Santis; a Florindo Alex Vidal Hinojosa, y a Jorge Ojeda Jara, a quien le habían quebrado la columna durante las torturas. El declarante no volvió a ver a ninguno de ellos. Esta fue la última vez en que se vio a ese grupo de detenidos. (NOTA: en este grupo se encontraba una sexta persona: Víctor Mesina Araya). GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS El 6 de febrero de 1991, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación remitió antecedentes al 1° Juzgado del Crimen de San Antonio, acerca de 21 casos de desaparecimientos y homicidios ocurridos en el Campamento de Detenidos del Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, del que, en 1973, era Comandante Manuel Contreras Sepúlveda. Entre los casos presentados estaba el de Luis Fernando Norambuena Fernandois. Se instruyó así la causa rol N°51.071-11, por presunta desgracia y otros, el 22 de febrero de 1991. El proceso se inició con la citación a comparecer a todas las personas que declararon ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Posteriormente se realizaron numerosas diligencias. En el caso particular del afectado, el 22 de mayo de 1991 se interpuso ante este Tribunal una querella por secuestro agravado y presunto homicidio calificado cometidos en la persona de la víctima. En la presentación, junto con relatarse las circunstancias que rodearon la detención y desaparición de Luis Norambuena, se solicitó la citación a testigos de reclusión del afectado y distintos oficios destinados a recabar información relativa a su posible destino. De esta manera, durante 1991 las diligencias se centraron en tomar declaraciones a los testigos, cuyos testimonios establecieron la permanencia de la víctima en la Cárcel de San Antonio, su interrogatorio en el Cuartel de Investigaciones de dicha ciudad, las torturas a que fue sometido y su desaparición desde el Regimiento de Tejas Verdes. En su aspecto general, durante la tramitación del proceso, se solicitó, en noviembre de 1991, la remisión del sumario que se ha llevado en el Colegio Médico en contra del doctor Vittorio Orvieto, reconocido por numerosos testigos como torturador en Tejas Verdes. También se pidió la comparecencia de Nelson Valdés Cornejo, en 1973, Segundo Jefe de Investigaciones de San Antonio y quien fuera reconocido como interrogador. Además se pidió que se citara a Roberto Araya Silva, locutor de Radio Sargento Aldea y que fue visto con uniforme militar acompañando al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras. El 17 de diciembre de 1991, compareció ante el Tribunal, Nelson Patricio Valdés Cornejo, quien reconoció su Jefatura en Investigaciones de San Antonio, pero negó su participación en torturas y detenciones. Dijo haber concurrido al Regimiento de Tejas Verdes sólo para constatar si entre los presos políticos había algún delincuente habitual. Señaló que era fácil ser reconocido porque había sido Presidente de un Club Deportivo de Cartagena. Se realizaron además una serie de gestiones por los distintos casos en investigación y a diciembre de 1991, la causa aún se encontraba en tramitación y con diligencias pendientes.

Entrevista a Aucán Huilcamán en "The Clinic"

El regreso de Aucán Huilcamán A.R. y P.V. 17 Enero, 2013 Tags: Aucán Huilcamán, cumbre mapuche, gobierno Si ayer las cosas le salieron bien a Aucán Huilcamán, hoy el gobierno está en un brete que no se esperaban. El histórico dirigente del Consejo de Todas las Tierras (CTT) había convocado junto a una serie de organizaciones mapuche a una cumbre en el Cerro Ñielol de Temuco para anunciar que harían un autogobierno. Esta entrevista terminó de hacerse un día antes del encuentro y acá Aucán Huilcamán explica lo que podría ser un salto en el conflicto y la refundación del movimiento. Esto usted lo venía preparando hace tiempo. -Mucho tiempo. Pero esta cumbre es imposible separarla de la coyuntura. -Así es. El 19 de diciembre hicimos una reunión de varias organizaciones y dijimos nos vamos a seguir reuniendo para ver cómo utilizar los tratados. Pero pasaron esos acontecimientos, la muerte de la familia Luchsinger, y dijimos hay que acelerarlo, llamemos a una cumbre para nuestra propia gente y no nos quedemos en eso: tenemos que hablarle a la sociedad chilena y a todas sus instituciones, Y quisimos poner al tanto a la sociedad chilena que el próximo paso que vamos a dar aquí en el sur va a ser la conformación de un autogobierno mapuche. Hay un conjunto de mapuches dispuestos a transitar ese proceso y queremos saber cuál va a ser la conducta de ustedes, porque no estamos haciendo una cosa antojadiza, lo estamos haciendo al amparo del derecho internacional. ¿Esto es desafiar al Estado? -No hay desafío, porque la declaración de Naciones Unidas es una declaración de DD.HH. y los derechos humanos no son desafiantes. Los Estados tienen que desarrollar la función de cumplir lo que se ha comprometido internacionalmente. No es ningún desafío. Ni rebelión, ni revolución. No. Es una declaración política. -Evidentemente. ¿Y por qué llegamos a la violencia? -Es resultado de los 132 años después de la Pacificación de la Araucanía, la falta de entendimiento, de respeto, de reconocimiento recíproco. La Pacificación significó conculcar derechos políticos, como la autodeterminación. En el pueblo mapuche está muy fresca la pacificación, porque le pasó a nuestros abuelos. Mi abuela me relataba cómo se fundó Lumaco, cuando llegó Cornelio Saavedra. Mi abuela tuvo 102 años y falleció. Todos tenemos una conciencia colectiva porque se relató lo que fue el despojo y el Estado nunca subsanó eso. ¿Qué lectura le hace usted al incendio en que mueren los Luchsinger? ¿Es un atentado? -Nadie lo puede avalar porque el primer derecho humano es el derecho a la vida. Si es un atentado, evidentemente es una medida absurda, de quien lo haya hecho. Porque el reclamo legítimo que tiene la causa mapuche del punto de vista histórico y el derecho, no necesita ese tipo de prácticas. Son acciones sin política. -Sin destino. EL PASADO Usted empezó un proceso en los noventa que hoy todos en el mundo mapuche, incluso sus contradictores, le reconocen. -Así es. Hemos hablado con gente de la CAM que dice “Aucán nos dio la bandera”. -El 90, en la era final de la dictadura, logré intervenir y generar una conciencia y, claro, fui muy criticado por nuestra propia gente. Estuve preso, me aplicaron la Ley de Seguridad Interior del Estado, asociación ilícita. Por esa bandera que usted ve ahí, estuve seis meses en la cárcel y solamente por decir aquí tenemos bandera. Y el año pasado reconoció la Contraloría que se puede izar. Ni siquiera me nombraron. Pero yo digo: bien. Usted estuvo en el ámbito internacional varios años. ¿Fue un autoexilio? -No. El 90, cuando estaba compleja la situación con nosotros -porque fuimos allanados un montón de veces y muy golpeados-, nos dimos cuenta que había una discusión internacional en donde se estaban estandarizando los derechos de los pueblos indígenas. Y en 1989, por primera vez, fui a Ginebra a una sesión del grupo de trabajo que estaba redactando una declaración y me di cuenta que había una discusión crucial y decidimos como CTT si seguíamos luchando en Chile para mejorar la democracia o ingresábamos a la arena política internacional y a la diplomacia indígena. Y me embarqué en la discusión del proceso internacional porque entendí que si lográbamos que los tratados indígenas fueran reconocidos, sería una gran herramienta; y si lográbamos que el derecho a la libre determinación se restableciera, sería una herramienta potencial. Estuve 18 años en la negociación y el 2007 llegamos al consenso por el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, entre ellos los mapuches, y al derecho a formar nuestro gobierno. Los tratados están reconocidos. La discusión hoy está en el país y hay que echarla a andar. En ese período en que está en el extranjero en Chile pasan muchas cosas. Surge la CAM. ¿Cómo vio la quema de los camiones en Lumaco? -Bueno, el daño de las forestales es terrible y es una cuestión que uno, conociendo la realidad, preveía y detonó en Lumaco. Y la gente que participa, Ñancucheo y muchos, todos esos son mis sobrinos. Los Raimanes. Raiman Huilcamán son todos, su madre es mi hermana. Ellos dieron un paso un poco más claro, más definido, más radical. ¿Y qué le parece Héctor Llaitul? ¿Lo conoce? -Sí, lo fui a ver en una oportunidad hace unos diez años, allí por Concepción. Me parece una persona que tiene convicciones prácticas. Sin embargo, se observa claramente que requiere una mayor profundización de la cultura mapuche, porque no se trata acá de ser el soldado de los mapuche únicamente. ¿Estar más metidos en las comunidades? -Más que eso, imbuirse del punto de vista cultural. Porque, después de todo, la lucha que está impulsándose y lo que se ve en peligro es la falta de entendimiento de dos culturas. Si uno no compatibiliza eso, puede conseguir muchos derechos y normas y leyes y entendimiento y diálogo, pero al final culturalmente no se está salvaguardando nada. Pero me parece un buen acto, por ejemplo, que él tome la bandera que era originalmente del CTT y la asuma. ¿En qué se equivocó Ud.? -Creo que quizá en muchas cosas. De no haber sido más duro con las formas de opresión política con el Estado chileno, por ejemplo. Quizá pude haber sido más categórico, haber llevado a una lucha más decidida, posiblemente. Y que lo hice un poco tratando de hablarle a la sociedad chilena, porque no es más lucha si uno se atrinchera más, sino que creo que tenemos que hablarle a la sociedad chilena. Acá no gana el más duro. -No es la lucha de quién se atrinchera más. EL PUENTE ¿Cómo evalúa la actitud de este gobierno? -Este gobierno no tiene ninguna voluntad de buscar solución a los problemas del pueblo mapuche. No hay voluntad de diálogo. Son personas que tienen un historial muy comprometido con actos represivos. Que el ministro Chadwick diga que este paro de los camioneros es bueno, para mí ha dejado de ser autoridad. La derecha está desconcertada, no tiene vínculos con la gente. No hay confianza. Aun cuando Chadwick se vaya a quedar una semana allí, a vivir a la comunidad de Temucuicui, la cosa no se va a arreglar. La Concertación, como el PRI, funcionaba bien. Si usted llama hoy a bloquear la Cinco sur, los van a correr. -A mí me van a sacar y vamos a terminar todos detenidos. Y, sin embargo, él no lo hizo. Violó la norma penal. Finalmente, es peor Chadwick que Hinzpeter. ¿Y qué le espera? ¿La Concertación? ¿Le tiene fe? -No tengo fe en la Concertación. No soy un proconcertacionista. Y este gobierno igual. Aun cuando le había ofrecido que pudiéramos hablar algunos temas. Me acuerdo que había una cercanía, o al menos diálogo, con Pablo Longueira. -Sí, con Pablo. Claro. ¿Por qué con Longueira? -Porque Longueira es una persona que dice las cosas claras y de manera sincera. Hay pocos políticos como Pablo Longueira, tengo que reconocerlo. Pablo Longueira ha estado aquí, en esta misma sala, con nosotros. Si invitamos a otra persona, no se arriesga porque empiezan a aparecer los prejuicios y Longueira estuvo aquí, tomando mate con nosotros, comiendo piñón, y dijo dos cosas importantes: que este gobierno no tenía voluntad para resolver el problema y por lo tanto para qué hacer esfuerzos. ¿Y eso cuándo se lo dijo? Al inicio del gobierno. Un año y medio. Era senador entonces. ¿Y qué otra cosa dijo? -Que pudiera abordarse un estatuto de la autodeterminación en la zona y que creo que sería factible de estudiar y buscar alguna manera de solucionarlo. Me pareció importante que lo dijera. ¿Lo reconocería como interlocutor? -Creo que Pablo Longueira es un hombre que puede transmitir las cosas. Un puente. FARC Se han denunciado, especialmente de parte del senador Espina, supuestos nexos con las FARC y grupos terroristas internacionales. Eso se agita cada tanto. ¿Es imposible que pase eso? -Dos cosas: los únicos que tienen contacto directo con un grupo terrorista, o FARC como ellos se llaman, son el canciller Moreno, Alberto Espina, y el presidente Piñera. Y Van Klaveren, que estuvo en La Haya. Tienen contactos directos y permanentes, porque Chile es un país amigo de la negociación que se lleva entre las FARC y Colombia en Cuba y no solamente es observador: da dinero y el que da plata para ese “terrorismo”, es Chile. Moreno, Espina, Piñera y Van Klaveren son los cuatro que tienen contactos. Y los fiscales debieran investigarlos. Y juegan con nosotros diciendo que tenemos contacto. Y otra cosa: creo que las FARC no son útiles para nosotros. ¿Por qué no? -Porque me parece que intentar reproducir ese tipo de prácticas aquí es traer una cosa prestada que no tiene ningún sentido. Una guerrilla no va a funcionar. -Una guerrilla no tiene sentido en este territorio. Y además los mapuche no tienen ni por la cabeza una guerrilla y menos de FARC. Este es el país de América Latina y el Caribe que tiene más control para ingresar. Quizá en Guatemala pueden entrar cientos y miles de ilegales, pero acá no. El gobierno está manipulando información. Si verdaderamente el gobierno quisiera saber si hay contacto entre los mapuche y la guerrilla, tiene toda la posibilidad porque tiene contacto directo con la cúpula. ¿Hay posibilidades que el camino acá sea sin violencia? -Claro. La conformación de un gobierno autónomo en la región no requiere violencia. ¿Pero cómo se imagina la movilización para llegar a ese gobierno autónomo? -No necesita movilización. Si movilización se entiende por luchas callejeras, no. El Estado no se los va a dar porque sí. -No. La conformación de un autogobierno mapuche no va a comprometer la vida de nadie. De ningún mapuche ni de ningún chileno. Tres cosas se necesitan para conformar un autogobierno, y no se necesita ir a discutir con nadie: primero, una voluntad colectiva que surge de la individual; segundo, un contingente o una dotación de mapuches con mentalidad y capacidad de gobernantes y, tercero, un régimen o un sistema de gobierno, un régimen autonómico basado en un estatuto que describa, explique, cómo sería ese sistema de gobierno. ¿Cómo se llega a ese estatuto? ¿Se hace al margen de lo que diga el Estado chileno? Porque la Constitución dice que es un estado unitario, indivisible. Es una placa de bronce que cae encima. -Así es. Pero basta con que un día nos juntemos. El cerro Ñielol puede ser el germen de formación de ese gobierno. Y capaz que en menos de un quinquenio vamos a formar un gobierno. Alguien puede decir “eso es rupturismo”. No. El derecho a la libre determinación es un derecho humano reconocido por la declaración de las Naciones Unidas y Chile es parte. Quien se oponga al ejercicio de la autodeterminación, se está oponiendo a los derechos humanos. ¿Qué pasa si les aplican asociación ilícita? -Es que no pueden aplicar eso, porque lo vamos a hacer al amparo del derecho internacional, bajo el artículo tres de la declaración. Tenemos un manto de protección y por eso estamos discutiendo. LOS CAMBIOS ¿En esta mesa cabe Héctor Llaitul? -Completamente. La formación de un autogobierno da cabida a todos los mapuches, incluso a los presos políticos mapuches. Si tuviéramos un gobierno, esos serían presos políticos del gobierno mapuche, tendrían un estatus jurídico internacional distinto. Usted le va a plantear esto a la derecha. ¿Cómo cree que se lo va a tomar la Concertación? ¿Bachelet? -Creo que Michelle Bachelet tendría que aplaudir esta iniciativa. ¿Por qué? -Porque en estos tres años en que ha estado en Naciones Unidas, este es el tema permanente. Si no lo hiciera, prácticamente se ha falseado su propia vida porque entonces en la ONU está por dinero o por otras cosas. ¿Y hay un presidente pensado? -Creo que no, en eso está la discusión. Estamos discutiendo si vamos a instalar un gobierno de sistema tradicional, o un sistema clásico, o vamos a hacer una mezcla, para que sea operativo y para que el mundo lo entienda. ¿Sistema tradicional sería gobierno de los loncos? -A base de una especie de consejo de loncos, pero evidentemente eso tiene que estar regulado. Creo que lo ideal, si estuviéramos solos, sería un estatuto consuetudinario. Sin embargo, en el mundo en que vivimos requerimos de regular eso y necesitamos un estatuto. Estamos trabajando en eso. Lo tenemos casi listo, hemos hecho varias sesiones de la escuela de autogobierno aquí por el tema del desarrollo de este estatuto. ¿Esto es primera vez que pasa en el mundo mapuche? Que hay una unificación. -Claro, hay una especie de reunificación. Después de la Pacificación ha habido pocas oportunidades, del propio mundo de nosotros, de reunirnos. Pero ahora hay una experiencia acumulada. Hay, también, una mayor capacidad orgánica de los mapuche de tomar decisiones. Esto es desafiar pacíficamente al Estado chileno. -A base del derecho. Esto supone para Chile cambiar la Constitución. -Exactamente. Cambiar la Constitución, cambiar el tipo de relación que hay. Tendría que haber una doble ciudadanía y eso no es difícil, porque ya hay experiencias. Pongamos que se constituye este gobierno. ¿Qué va a pasar? -El gobierno tiene que tomar decisiones y hacerlas valer y respetar. Y para eso va a depender de la voluntad y de la firmeza del propio pueblo, de poderla aplicar por un lado, y por otro lado, de la sociedad chilena y las instituciones que se traten de armonizar. Evidentemente, uno puede imaginarse muchas cosas y por eso es importante que le informemos a la sociedad chilena para que no se sorprenda y asuma una reacción histérica y no vea que es contra los chilenos. Al contrario, es producir un entendimiento sobre la base de una relación institucional que hoy día no hay. Los más conservadores van a pensar que ustedes quieren la secesión. -Claro, pero eso es para los más reaccionarios y a la vez ignorantes, porque Naciones Unidas no va a adoptar una declaración en contra de otro Estado. Los tratados están reconocidos por el derecho internacional; los celebrados entre pueblos indígenas y Estados deben observarse y cumplirse de buena fe. El mismo argumento utilizado en La Haya por Chile debe aplicarse aquí. No hay una aplicación automática, porque eso sería una idea genérica y sin sentido práctico. Esto se parece a la Autoridad Nacional Palestina. -Muy parecido, y mira qué diferente: a los palestinos nunca se les quiso reconocer el derecho a la libre determinación. Sin embargo, los pueblos indígenas y los mapuche, hemos logrado consensuar una norma que lo respalda y garantiza de manera expresa, diciendo que sí tienen derecho a gobernarse. El día que formemos nuestro gobierno acá en el sur, el mundo tendría que celebrarnos, porque estamos haciendo uso, de manera efectiva, eficaz, de una norma que se tomó 25 años en hacer. ¿Y Aucán sería como Arafat? -Arafat es mucho. Te quiero poner un ejemplo: el día que formemos nuestro gobierno, si el gobierno de Chile se cierra, vamos a enviar nuestra misión a la OEA para que se nos reconozca y por lo tanto irá el canciller chileno y la delegación mapuche a plantear este tema. Y la OEA nos manda a la casa o nos reconoce. ULTRAS Y EMPRESARIOS ¿Cómo se le habla a los jóvenes que participaron en los últimos eventos? La generación que está hoy en las movilizaciones, metida en una espiral de violencia. -El desafío está. Por eso la voluntad individual es clave: definimos que el autogobierno, su formación, es un área donde podemos converger todos y, si lo aceptamos, tenemos que trabajar todos hacia ese norte. Ahora, si cada mapuche se asume a su manera y se auto otorga una licencia para hacer lo que le da la gana, la autodeterminación nunca la vamos a conseguir. También en su pueblo hay mucha desconfianza entre ustedes mismos. -Claro. Porque mucha gente ha usado la causa mapuche para beneficios personales. Por ejemplo, muchos mapuches en la intendencia que trabajaban con la Concertación ahora asesoran a un gobierno de derecha a nombre de la causa. Hay legítima desconfianza. Pero no puede ser la razón para no actuar. ¿Qué señal le va a mandar este autogobierno a las fuerzas productivas de la zona? Agricultores, colonos, forestales. -Ellos tienen que hacer un reconocimiento claro que están en el territorio mapuche. Hasta el momento, parten de la idea que aquí hay propiedad al momento que llegan ellos. Y mientras no tengan la valentía de reconocer que estas tierras fueron de los mapuches y que se lo adjudicaron ellos y que después hubo irregularidades y tomaron más tierras; mientras no tengan la valentía de reconocerlo, no ayudan a buscar una solución. ¿Y ese reconocimiento significa devolver las tierras? -Puede ser. O puede ser un acto de restitución una parte y otra hasta simbólico, porque en definitiva el que tiene responsabilidad de restituir, indemnizar, es el Estado. Y si el Estado se las compra a ellos y nos las restituye a nosotros, es un entendimiento propio, pero la situación mapuche no es un problema entre particulares. El Estado chileno nos llevó a esta situación y es el único que tiene compromisos internacionales, el que puede hacer respetar los derechos humanos, indemnizar al pueblo mapuche. Chadwick dijo que tienen un gran apoyo internacional. -Si tuviera que responderle, diría que somos poderosos porque tenemos un poderoso fundamento: que el derecho internacional está a nuestro favor. Y que los derechos territoriales son nuestros y Chile no lo ha resuelto. Y eso la comunidad internacional lo está viendo. Lo poderoso radica ahí. POLICÍA Y ECONOMÍA Tú hablabas de un quinquenio para instalar el autogobierno. -No debiera ser más allá. De aquí a cinco años debiéramos tener el contingente suficiente de mapuches para gobernarnos. Cinco años. -Me gustaría antes; me hubiera gustado en el marco del Bicentenario pero ya eso no fue. Ahora creo que nos queda ese período. Y en el tema de los tratados vamos a ser más específicos. ¿En qué sentido? -Vamos a proponer la conformación de una comisión paritaria de alto nivel entre el Estado y una comisión mapuche. Y posiblemente uno de los que va integrar esa comisión –estoy ya revelando nombres- podría ser hasta Francisco Huenchumilla. De ese tipo de gente para dialogar con el gobierno. ¿Cuál va a ser la relación de este proceso que empieza para ser autogobierno con la CAM? -Creo que los vamos a llamar a que se incorporen. ¿Colocando condiciones? -No hay ninguna condición. Tienen que adherir al tema de los tratados, porque eso es un tema acabado. Ponerse a discutir los tratados sería una conversación fuera de lugar porque son textos acabados. ¿Es compatible estar en esta mesa y seguir con movilizaciones agresivas hacia el Estado? -No le podríamos poner la condición que tengan que cambiar de línea en su acción. Ellos tienen su estrategia y estamos definiendo un área común donde podemos converger. Nosotros no convergemos en la acción de ellos. Estamos convergiendo en algo que estamos construyendo colectivamente. Tendrían que adherir y si no lo fueran, tampoco nos vamos a detener por ellos. Quiero ser claro: no nos vamos a detener por una organización que diga no estoy de acuerdo. Tienen todo el derecho a discrepar, disentir, alejarse. Pero no voy a limitarme a actuar para la conformación de un gobierno porque alguien no está de acuerdo. Y además ningún gobierno en el mundo parte con la mayoría, primer principio que tengo en cuenta. ¿Es legítimo lo que estamos haciendo? Si es legítimo, hay que hacerlo. Si no está en contravención a ningún derecho mapuche, hay que actuar. No me voy a detener porque hay diez o veinte mapuches o grupos o agrupaciones que discrepan. Tienen el derecho; quédense en eso si quieren. Pero el mundo está esperando cuándo se autogobierna el mapuche. Si no lo hacemos, somos unos inútiles colectivos. No voy a desechar el reconocimiento de los tratados mapuches cuando están respaldados por el derecho internacional porque alguien tiene una interpretación distinta. ¿Y la CAM la tiene? -No tiene ninguna de las dos cosas. Ellos hablan de liberación y liberación para mí es un concepto completamente confuso. Yo sé en qué contexto se utiliza ese concepto y nunca he visto de ellos una precisión. Se utiliza en aquellos grupos armados que quieren tomar el poder en un país, como fue en Centroamérica, en Nicaragua, El Salvador. Si eso están diciendo, creo que estamos lejos, porque en definitiva no quiero tomarme el poder en Santiago. Ellos se plantean también anticapitalistas. ¿Eres anticapitalista? -Claro. La lucha mapuche es anticapitalista porque en definitiva se nos ha introducido el capital como inversión y como forma de convivir y de vida. El capitalismo es un asunto que afecta al pueblo mapuche en su cultura y en sus derechos. Pero el sistema es capitalista. ¿Los mapuche están pensando en cambiar también el modelo económico? -Claro. Creo que un sistema de gobierno tiene que tener un modelo económico. Y ese modelo económico puede incorporar elementos del colectivismo, de la esencia de la cultura mapuche, y también elementos que ofrece hoy el mundo del capitalismo y tenemos que ver hasta dónde salvaguardamos ese punto. Porque un sistema económico puro de los mapuches hoy, con el estado de dominación, de colonialismo que tenemos, va a ser difícil. Se puede plantear, pero es difícil. La CAM tiene la utopía del lof, el espacio en el campo comunitario. ¿Es real? -Eso es un buen deseo. Yo los entiendo, porque muchos de esos muchachos que han decidido luchar de manera firme y decidida han sido afectados personalmente, ellos y sus familias, incluso su lof. Incluso ellos no son hablantes, no viven en comunidad. Entonces, es un sueño, un deseo permanente del retorno. Pero no es mi caso. Yo vivo en mi comunidad. Estoy asentado ahí. Incluso, mira, yo quiero mostrar que los mapuche aún cuando estudiemos en cualquier universidad podemos asentarnos en nuestra comunidad siendo profesionales y no haciendo el recorrido de comunidad-Temuco-Santiago. O el mundo. El retorno al campo. -A la comunidad, al lof. Si alguna vez soy abogado, voy a poner un letrero grande ahí, asesorías jurídicas por el derecho a la autodeterminación. Lo voy a hacer y le voy a demostrar a nuestra gente que no podemos perder el cordón umbilical de la cultura, de la pertenencia. Cuando hablamos del sistema económico, ¿quiere decir que podemos llegar a tener en Chile un sistema económico determinado hasta el Biobío y otro para el sur? -Podría ser. No sé si tan distante, pero que va a tener su propia particularidad. No podría ser un autogobierno mapuche con un sistema capitalista. Yo tendría que decir entonces no participo de esto. Y el gobierno mapuche: ¿Una democracia como la entendemos? ¿Qué pasa con las autoridades ancestrales? -Eso tenemos que discutirlo: si es un sistema estrictamente indígena tradicional u optamos por una mezcla que sea operativa. Puede ser entre lo tradicional y lo clásico, porque hoy un gobierno estrictamente tradicional no sería viable. Tenemos que buscar si participa el individuo mapuche del gobierno o participa el lof. Esa es una discusión. Cómo se salvaguarda el lof tiene que estar en el estatuto. ¿Cómo va a ser la elección? Creo que tenemos que hacer funcionar el principio del consenso, de la experiencia. No apoyaría que un mapuche sea sometido a una elección si estoy eligiendo al más inepto. Tenemos que tener principios y criterios para la elección. Pero en una democracia, gana el que tiene más votos. -Pero en la cultura winka. Por ejemplo, una machi que elija o desconozca, la machi sigue siendo machi. Aun cuando la institucionalidad mapuche diga que no es operativa, sigue funcionando. Por eso digo cinco años, porque hay que desarrollar esta discusión, precisarla. ¿Policía mapuche? ¿Se considera? -Tiene que haber. Ahora, qué facultad, qué estatus tiene eso, hay que discutirlo. No podría existir un sistema de gobierno sin que disponga de algún elemento que haga cumplir cosas que a veces requieren de ciertos actos de fuerza. Está considerado. He tenido a la vista el estatuto autonómico de Groenlandia, el de los vascos. Hemos estado discutiendo eso en la escuela de autogobierno que estoy promoviendo. Al gobierno le va a dar patatús. -¿Crees?